A cualquiera se le muere un tío, pero en este caso no ha sido uno sino 24 los trabajadores de France Télécom que se han suicidado desde el mes de febrero de 2008 hasta la fecha, sin contar los 14 que lo han intentado sin conseguirlo.
Es cierto que la firma tiene más de 100 mil trabajadores solo en Francia, por lo que el porcentaje no es excesivamente elevado, pero sí alarmante. De cualquier forma, lo que es decisivo a la hora de repartir culpas, es que la mayoría de ellos, en sus cartas de despedida, alegan como motivo “sobrecarga de trabajo” o “terror en la gestión”. El asunto ha adquirido cotas de gravedad tan altas, que el viernes pasado, el ministro de Trabajo francés, Xavier Darcos, presentó un plan que obligará a las empresas de más de mil empleados a alcanzar acuerdos con los sindicatos para prevenir el estrés.
No se sabe si las medidas tendrán resultados, pues para que los tengan hay que apuntar a un objetivo muy concreto: el tipo de “jefe” que la política empresarial esté patrocinando. Si ya de por sí hay gente a la que una jefatura le viene grande como cargo –quien no lo haya sufrido alguna vez que levante la mano–, imaginemos unos puestos diseñados para exprimir al subalterno con el único fin de aumentar las ganancias. Y de aumentarlas mucho. Puede ser que en todo suicidio haya un factor previo en la mente del que lo lleva a cabo, pero nadie dijo que para desempeñar un trabajo haya que ser una máquina sin sentimientos ni debilidades, insensible al abuso y el maltrato del que se es víctima. Cuando los empresarios o ejecutivos oyen hablar de mal ambiente laboral, de empleados que sufren depresiones y estrés y cuya autoestima cae a niveles ínfimos, suelen entenderlo como victimismo y bajo rendimiento. Hasta que 24 se suicidan.
Ahora que el mundo se va librando de dictaduras estatales, vienen los grandes consorcios privados –y a veces los chicos y los medianos– a ocupar su puesto. Aunque quizá una nueva revolución, sustentada en las leyes, esté en marcha. Basten dos casos como ejemplo.
El dueño de una óptica madrileña ordenó –caprichoso el hombre– que sus empleadas llevaran la bata blanca propia del oficio sobre la ropa interior y no sobre la ropa de calle, como hacían los empleados varones. Aparte de discriminatoria, la medida era incómoda por razones obvias, y una de las trabajadoras se quejó. La respuesta fue un cambio de horario y un traslado a otro centro de la cadena. Ahora, tras la denuncia, un juez ha ordenado la restitución de las condiciones laborales de la empleada y la anulación de la norma.
Pero, sin duda, el caso que más regocijo y comentarios ha suscitado en las últimas semanas en España ha sido el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró injustificado el despido de un operario de Girona que llamó “hijo de puta” al gerente de la empresa donde trabajaba. Al parecer, jefe y trabajador discutían sobre unas dietas que se le debían a este último y que el primero no acababa de aprobar. La sentencia alega que el calificativo es de uso corriente en “el marco de las discusiones” (lo que acepta el deterioro general del lenguaje) y le quitó gravedad a la ofensa. El resultado es que la empresa debe readmitir al empleado e indemnizarle con más de 6 mil euros, cerca de 8 mil dólares (las dietas que se le debían también fueron pagadas en un acto de conciliación). Evidentemente los medios hicieron fiesta en sus titulares. Este es uno de los más suaves: “Llamar “hijo de puta” al jefe ya no es causal de despido en España”.
El insulto, cualquiera que sea, es siempre detestable. Un recurso que suple la falta de argumentos y una muestra de mala educación. Ahora bien, cuando los argumentos chocan reiteradamente con la injusticia y la prepotencia, el insulto deja de serlo para convertirse en una mera definición del interlocutor. Por lo demás, ya se sabe: las madres, todas santas.