Está avanzando un nuevo año, y sigue sin esperanzas un mejoramiento en el desempeño de algunos funcionarios públicos. Tales son los casos de los departamentos de regulación de tránsito terrestre y rezonificaciones urbanas. Acerca de la cámara de diputados y del Poder Judicial da grima pensar en ellos, los que, en una competencia de ineptitud manifiesta con los otros, correrían fuera de apuestas –como se diría en el argot de hipódromos–, por más que los del Órgano Judicial se hayan gastado una fortuna en propaganda para tratar de ocultar su inoperancia de antología, a menudo salpicada de una percibida corrupción. Ese dinero, en cambio, se necesita para nombrar más jueces y personal que resuelvan litigios con aptitud y justicia, sin demorarlos más de un par de años en vez de lustros.
Entre los funcionarios revisados, los del municipio capitalino se ganan el primer premio. Estos, no solo han implantado un seguro de daños contra terceros cuya obligatoriedad para carros particulares fue abandonada por innecesaria hace varias décadas, sino que han establecido una prima al menos 50% más cara que lo que debe costar, aún asignándole una ganancia de 25% a 30% a las aseguradoras. Esto ya no es negocio sino violento abuso mayormente contra la clase media, media baja y jubilados que no lo han pedido, ni lo quieren, y menos dentro de la vorágine del aumento desbocado del costo de la vida, el que el Gobierno no ha sabido controlar.
A los mismos, o a sus compañeros, en cambio, les resbala el hecho de que grandes sectores de la ciudad capital se congestionen de carros en 12 a 13 horas del día, achacándole la culpa: o al ancho de las calles, o a la falta de semáforos inteligentes, o al número de carros, o a quien sea, pero no a ellos que no han puesto agentes de tránsito en 40 ó 50 intersecciones para prevenirlo. A veces, aparecen en seis o siete por un rato, mientras en el resto del tiempo malos conductores taponan intersecciones y producen represamientos evitables.
Similarmente, tampoco se les ha ocurrido disponer que 20 ó 30 inspectores en motos recorran, permanentemente y en relevos, de ida y regreso, las zonas de mayor circulación para atender colisiones que encuentren y despejar las calles de carros inmovilizados esperando el levantamiento del parte. Mucho menos han descubierto que las calles fueron diseñadas para circulación y no para permitir estacionamientos, o colocar estacionómetros hasta en las troncales, causando artificiales embotellamientos.
En épocas anteriores a la dictadura instaurada en 1968 y reventada en 1989, se tambaleaban gobiernos que fallaban por uno o dos meses en recolectar la basura. Ahora, pasan semestres, y más, y a los encargados, como premio, los entrevistaron para que echaran un cuento de su ineptitud, casi con indiferencia, y las ciudades se adornaron con cerros de desperdicios ¡Qué gran esfuerzo por estimular el turismo y también mejorar la salud de la comunidad sin usar "dietilene glycol"! Por lo visto, omitieron la diligencia de contratar suficientes camiones privados para compensar la falta de recolectores hasta que compraran más. Ya los tienen, pero aún queda demasiada basura sin recoger, indicando que no era solo falta de dinero. Este no ha faltado en el Gobierno, pero se destina al pago de supuestas deudas de otros y al turismo internacional de docenas de funcionarios e invitados extranjeros que mensualmente con cualquier pretexto lo disfrutan, a costa de un presupuesto nacional que tampoco alcanza para remunerar el trabajo de médicos al servicio del Estado.
La ineptitud en rezonificaciones va en arbitrariedad de la mano con la orden del Ministerio de Obras Públicas de iniciar la construcción del puente sobre la Ave. Ricardo J. Alfaro antes de satisfacer los reclamos de los que les demolerán sus casas. ¿Saldrán estos perjudicados? Con semejanza, el Mivi ha continuado con los aumentos de densidad poblacional de lotes contra el rechazo de los vecinos a los que, al habitarse, perjudicarán en su calidad de vida por: aumento de basura expuesta, aumento del ruido por incremento de carros que además dificultará el acceso a sus viviendas, falta de agua potable, desborde de aguas servidas por tapas sanitarias en calles, disminución de iluminación y ventilación naturales; todo, en contravención con la densidad aplicada por el propio Mivi cuando los residentes compraron sus propiedades.
