Los republicanos en la Cámara de Representantes, complaciendo al nuevo dinero corporativo, un tesoro legitimado por la Suprema Corte, votaron para eliminar el financiamiento público de las elecciones presidenciales. A menos que el Senado demócrata actúe enérgicamente, la muerte de la alternativa pública primero adoptada a consecuencia del escándalo de Watergate podría quedar sellada en las rondas de negociaciones presupuestarias por venir.
Eso sería una tontería histórica. El sistema de financiamiento público, que fomenta e iguala las donaciones reducidas con fondos fiscales, ha servido admirablemente al país. Cada presidente hasta Barack Obama optó por él en la elección general, y la mayoría de los candidatos siguió este camino también en las primarias.
Obama señaló la necesidad evidente de mantener actualizadas las fórmulas de subsidios y se apartó de su compromiso inicial hacia el sistema, prefiriendo la bonanza en internet que cosechó en la forma de partidarios que donaron cantidades reducidas.
Esto es lamentable, pero sirve para subrayar el hecho de que la opción de los subsidios solo necesita reparaciones y no el entierro que desde hace mucho ha buscado el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y otros adeptos de las donaciones corporativas ilimitadas. El subsidio público sigue siendo popular en las encuestas de opinión. Los oponentes pueden invocar ahorros presupuestarios aproximadamente 52 millones de dólares anuales , pero no hay duda de que su objetivo es destruir lo que ha sido un baluarte contra la compra y venta de la presidencia.
El dinero político fácil retorna con una venganza como resultado de la bendición de la Suprema Corte hacia los donadores corporativos que creen que todo se permite, con la decisión Ciudadanos Unidos. Cuando los demócratas reformistas impulsaron una ley por la cual se requería que los donadores que emitían cheques cuantiosos al menos se identificaran, McConnell obstaculizó la norma, lo que no dejó ninguna duda sobre su motivación real.
Con la vital opción pública ahora a la venta, el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, y sus principales estrategas, los senadores Charles Schumer y Richard Durbin, deben contraatacar con fiereza. Los fantasmas de los cobradores de Watergate esperan con demasiada avidez.