Quizás los actuales directivos de Cable & Wireless, que no tuvieron nada que ver con los errores que administraciones anteriores de esa empresa cometieron y que hoy salen a relucir, tampoco conocieron el famoso cha cha cha, título de este artículo.
Pieza bailable magistralmente interpretada en los años 50 por la famosa Orquesta Aragón de Cuba que hace unos meses visitó Panamá. Seguro estoy que de su gerente general, Chris Hetherington, con mucho de latino y poco de británico, y su ejecutiva mano derecha panameña, Roberto Mendoza, muy joven para conocer de esos ritmos, no conocen lo que cuando se escucha nos hace recordar tiempos pasados.
Y es que, inexplicablemente, Cable & Wireless, desde inicios del año 2003, estuvo cobrando más de la cuenta a todos sus usuarios de telefonía fija, o sea el teléfono que tenemos en nuestra residencia o en nuestros negocios u oficinas, o los teléfonos públicos o monederos. O sea, que se tomó el chocolate y ahora debe pagar a todos sus usuarios lo que les debe por esos más de dos años que cobró de más.
Imagínense: facturando por minutos y no por segundos, como ordenaba la Resolución del Ente Regulador de los Servicios No. JD-2802 de 11 de junio de 2001, previa consulta pública, en vigencia desde el 2 de enero de 2003.
En términos simples, esto significa que cuando llamabas a un teléfono y del otro lado te decían equivocado o Juan no está y la llamada te demoraba 10 segundos o menos, los señores de Cable & Wireless te facturaban por 60 segundos o sea por un minuto. Y si llamabas y te demorabas 50 segundos, los últimos 10 segundos ya entraban en el segundo minuto, porque ellos facturaban los minutos iniciales, no en base a los 60 segundos que ordenaba el Ente Regulador sino que en base a 40 segundos. Para su conveniencia un extraño ajuste a su reloj. Según la Unión de Consumidores lo que se pague de vuelta debe incluir intereses y, de acuerdo a solicitud que mi socio Víctor Martínez y yo presentamos el pasado 18 de julio ante el Ente Regulador, debe incluir las llamadas en los teléfonos públicos, que si bien su cobro excesivo no se puede devolver a sus desconocidos dueños, bien podrían engrosar los fondos de las actividades de caridad del Despacho de la Primera Dama.
Luego de que se incorporan al Ente Regulador dos nuevos comisionados, el economista José Galán Ponce, su actual presidente, y el ingeniero Nilson Espino, esta entidad se pone las pilas y empieza a averiguar por qué una resolución del Ente, totalmente protectora de los intereses de los usuarios telefónicos, duerme el sueño de los justos.
En este esfuerzo, el Defensor del Pueblo también había venido reiteradamente insistiendo; motivando que el Ente Regulador, mediante Resolución JD-5165 de 23 de marzo de 2005, ordenara a Cable & Wireless ajustar su tarifa "en base al tiempo real de consumo medido en segundos", no "en minutos" como se estaba haciendo, lo cual en fecha reciente empieza a hacer la transnacional telefónica. Es de suponer que a regañadientes, porque supuestamente había una nota de un ex presidente del Ente que autorizaba lo que hacían, en base a que era una "práctica común del mercado", argumento sin fundamento legal porque una "nota" no puede reemplazar nunca los efectos de una resolución ejecutoriada. Además, la resolución en mención fue apelada y llegó hasta la Sala Tercera de la Corte, confirmándose que dicha resolución es legal.
Pero, ¿qué pasa con todo lo que cobró de más Cable & Wireless durante los casi 30 meses que estuvo facturando erróneamente? Simplemente lo tiene que devolver y en ese cálculo está ahora el Ente Regulador, según nos lo explicó el pasado 18 de julio su presidente, licenciado Galán Ponce. La tarea no es fácil porque Cable & Wireless, burlando el contenido de la Resolución No.JD-2802 de 11 de junio de 2001, utilizó tres diferentes métodos para incumplir su obligación de calcular el consumo en base a segundos y no a minutos.
Ojalá que el ejemplo de defensa ciudadana que está dando el Ente Regulador de los Servicios Públicos de mano con la Defensoría del Pueblo sea emulado por las otras entidades oficiales obligadas a proteger a los consumidores y usuarios, como lo son la CLICAC, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, que en ocasiones pareciera que actúan en defensa de quienes deben ser investigados por sus permanentes ataques a las consumidores y usuarios. Simplemente hay que recordar, al ritmo de la Aragón: "toma chocolate, paga lo que debes".
