[TRABAJADORES INTOCABLES]

Torres de control

Por primera vez en democracia, el Gobierno español declaró el estado de alarma y militarizó las torres de control para obligar a los controladores a cumplir con su trabajo.

Hay trabajadores que piensan que el suyo, su trabajo, es el más esforzado o el que tiene más mística, y que por ello es intocable. Hay que oírlos. He escuchado decir a algún galeno que son comprensibles los romances entre el personal médico, porque el contacto continuo con la muerte los hace más vulnerables, y a algunos periodistas, que su trabajo es el más aguerrido del mundo y, como prueba, visten chaqueta de camuflaje como si vinieran de cubrir la batalla de Salamina. Pueda ser que en todo esto haya una pizca de verdad, pero solo una pizca. Los peores son los que están convencidos de que trabajan más que nadie y hablan como si el trabajo, lejos de ser una maldición divina, fuera un invento suyo.

Poco más o menos esto es lo que les pasa a los controladores aéreos que el viernes 3 paralizaron el tráfico aéreo en España, ocasionando un caos que ni las más copiosas nevadas de los inviernos ni las cenizas del volcán Eyjafjalla habían logrado. Se da la circunstancia de que ese día comenzaba el puente de la Constitución y que la afluencia a los aeropuertos era mucho mayor que la normal. Los controladores españoles en masa abandonaron sus puestos, sin aviso previo y sin certificados médicos, alegando que se encontraban indispuestos o estresados.

El asunto viene de lejos. Este colectivo tiene un poderoso sindicato, que había logrado unas condiciones laborales inmejorables para sus afiliados. Según el periódico catalán La Vanguardia, el sueldo base era de 170 mil euros anuales –225 mil dólares– (lo que dividido entre 14 meses –se incluyen las dos pagas extraordinarias completas–, da unos 12 mil mensuales, unos 16 mil dólares), pero se elevaba de media a 334 mil euros –442 mil dólares– gracias a las horas extras, que las cobran el triple de la hora normal, es decir, a precio de oro.

Nadie niega que su trabajo exige una responsabilidad extrema y además, cada quien gana lo que puede y no lo que quiere, pero parece que la distribución de turnos estaba en manos del sindicato y el reparto de las horas extras también, y aunque se quejan de estrés y falta de personal, al parecer era el mismo sindicato el que restringía el acceso –rosca se le llama a esto en Panamá–, sin que sea ese el único motivo de la escasez. AENA, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento y encargada de administrar los aeropuertos, no contrata mucho personal en unas condiciones salariales insostenibles, porque hace más de cinco años que rueda de reunión en reunión un convenio sin que las partes se pongan de acuerdo. Eso sí, cada vez que los controladores se levantan de la mesa, planeaba sobre nuestras cabezas la amenaza de huelga.

En febrero de este año, el Gobierno aprobó un real decreto que daba a AENA el poder de organizar el trabajo de los controladores –quitándoselo al sindicato– y se fijaba en mil 670 horas la jornada anual. El sueldo se rebajaba en un 40%. Cuando el viernes pasado se les recordó que en esas horas no se contabilizaban los permisos ni las bajas como horas de trabajo aeronáutico, el caos se produjo.

Este punto de las horas contabilizadas es conflictivo a todas luces. Se puede interpretar como que se arrebata a los trabajadores sus derechos adquiridos o bien como un intento de equiparar esta profesión con otras que requieren incluso mayor preparación académica. De cualquier forma, es imprescindible que las partes dialoguen, negocien y se firme el convenio. Y así parecen haberlo entendido las partes en los últimos días, pero el daño ya está hecho.

La pregunta es qué credibilidad merece un colectivo capaz de abandonar su trabajo y perjudicar económicamente a miles de personas y empresas con pérdidas millonarias. Amén del desbarajuste emocional producido en la ciudadanía que no tiene ni arte ni parte en el asunto. Da la casualidad de que en los aviones que controlan los controladores va gente.

Y por primera vez en democracia, el Gobierno se vio obligado a declarar el estado de alarma, que no es el estado de sitio ni el de excepción, y militarizar las torres de control para obligar a los controladores a cumplir con su trabajo. Un penoso espectáculo.


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