Sin proponérselo, la Corte Constitucional colombiana ayudó, al menos temporalmente, a sumar un nuevo factor de distensión entre Colombia y Venezuela al dejar sin validez un acuerdo militar firmado por Bogotá y Washington que hace varios meses produjo una polémica regional de grandes dimensiones.
El acuerdo, suscrito en octubre de 2009, permitía a militares estadounidenses usar hasta siete bases colombianas en el marco de mecanismos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero vistos por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como “excusas” para preparar ataques contra su país.
Chávez ordenó entonces “congelar” las relaciones con Colombia, y el pasado 22 de julio las rompió del todo, pero la semana pasada los vínculos quedaron restablecidos en una “nueva era” por el inicio del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos. De forma coincidente, pues esta semana se vencía el plazo para pronunciarse sobre una demanda de constitucionalidad, la Corte colombiana declaró el martes inválido el acuerdo con el argumento de que el anterior gobierno no lo sometió a una ratificación del Congreso.
En su visita a Santos para restablecer las relaciones, Chávez cambió su lenguaje con respecto a las bases, pues pasó del calificativo de “agresión” a decir que un país soberano puede llegar a acuerdos con otro Estado. Ahora tendrá motivos para reafirmar la distensión con las nuevas autoridades colombianas, aunque técnicamente la Corte no declaró inconstitucional el acuerdo porque no alcanzó a entrar en vigencia al faltar el requisito de ratificación parlamentaria.
Según el tribunal que salvaguarda la Constitución de 1991, el paso que sigue es devolver el acuerdo al Gobierno para que se reanude el proceso y el texto sea sometido al Congreso, donde el oficialismo tiene una mayoría que, al menos sobre el papel, garantizaría su ratificación. No obstante, aún no es un hecho que el Gobierno pretenda llevar el acuerdo al Congreso. El ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que Santos encomendó a su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, a analizar si el texto debe ser presentado o no al Legislativo.
Una decisión del Gobierno favorable a llevar el acuerdo al Congreso y una posterior ratificación tampoco sería garantía para su aplicación, a juzgar por el pesimismo del general retirado Freddy Padilla, que hasta el final del gobierno de Uribe fue comandante de las Fuerzas Militares y es considerado como uno de los “cerebros” del acuerdo.
“Si Colombia manda ese acuerdo al Congreso, EU también tendrá que enviarlo al suyo, y lo que nos dijeron es que ese paso, por circunstancias de su política exterior, no estaban dispuestos a hacerlo (...) Implicaría que el acuerdo se hunde en este momento”, dijo Padilla.