La inesperada reaparición en Tegucigalpa del depuesto presidente de Honduras, tras casi tres meses de exilio, ha sacado bruscamente de su adormecimiento la crisis política del país centroamericano. En su capital, de nuevo bajo toque de queda, se reproducían el martes los enfrentamientos entre la policía y los simpatizantes de Manuel Zelaya, refugiado en la Embajada de Brasil.
Lula ha apelado al entendimiento urgente entre hondureños y justificado en los usos democráticos de Brasil –que reafirma con este protagonismo lejos de sus fronteras su vocación de poder regional– el asilo temporal al presidente expulsado. Zelaya, sin embargo, debería saber que una legación diplomática no es lugar adecuado para llamar a la insurrección.
Nada hay más importante ahora en Honduras que evitar el derramamiento de sangre. Pese a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y el aislamiento diplomático de la Organización de Estados Americanos, el presidente de hecho de Honduras, Roberto Micheletti, instalado por el Congreso de su país, ha rechazado repetidamente un acuerdo.
El desafío no sólo cuesta a la empobrecida y desarticulada Honduras millones en ayuda internacional.
Micheletti creía ir ganando la batalla del olvido y apostaba por un descenso de la presión exterior tras la elección presidencial prevista en noviembre.
La presencia de Zelaya en Tegucigalpa altera esos planes y multiplica el peligro de que el conflicto de poderes en el pequeño país pueda convertirse en una confrontación más amplia y de carácter regional. No en vano en Honduras juegan sus cartas Venezuela, Cuba o Nicaragua, entre otros caracterizados actores.
Si el golpe de Estado de junio fue absolutamente condenable, igualmente lo sería intentar darle la vuelta mediante la violencia.
La dividida Honduras no tiene en estos momentos otra salida mejor que una mediación cualificada, preferentemente regional. Quizá ha llegado el momento de volver a una versión revisada del plan del presidente de Costa Rica, que apoyó en verano la Organización de Estados Americanos y rechazaron Micheletti y, en menor medida, Zelaya.
Óscar Arias contemplaba en julio que el jefe de Estado depuesto regresara a la presidencia con poderes reducidos, un Gobierno de unidad y supervisión internacional. Unas elecciones presidenciales adelantadas sentenciarían la situación.