ALTO COSTO DE LA VIDA.

Urge una reforma a la ley de vivienda

Este es un llamado urgente a las autoridades correspondientes del Gobierno, del Ministerio de Vivienda y a todas aquellas entidades que tienen que ver con el tema. El mal llamado boom inmobiliario, muy distinto de favorecer al panameño, ha ocasionado un caos a nivel habitacional, porque la mayoría de los nuevos apartamentos que se construyen en la ciudad no son precisamente para los panameños. Sus precios son exagerados y, al parecer, solamente los millonarios tendrán derecho a vivir en nuestra pequeña ciudad.

Pareciera que todo Panamá está en venta. Esto ha ocasionado una verdadera tragedia griega, porque los compradores derrumban los edificios existentes, cuyos precios eran razonables para el pueblo, y los reemplazan por monstruosas torres cuyo valor excede en mucho los cánones tradicionales de arrendamiento. En consecuencia, más de un centenar de familias panameñas tendrá que buscar nuevos domicilios, justo en este momento en donde se registra una alta especulación por parte de nuevos propietarios.

En Panamá desaparecieron los alquileres de 400, 500 y 600 dólares. Los actuales precios superan los ingresos reales de los habitantes de un país, cuyo salario mínimo sigue siendo eso: "un salario mínimo". Cuando usted cree que finalmente encontró un apartamento dentro del rango anteriormente señalado, resulta que al mes siguiente el propietario del inmueble decide aumentar el precio que le dio el mes anterior. Y no se trata de aumentos de 50 dólares, ¡no, señores! Se trata de aumentos de 200 dólares, 300 dólares y hasta más.

La situación es crítica. La famosa Ley 93 de 4 de octubre de 1973, por la cual se dictan las medidas sobre los arrendamientos y se crea en el Ministerio de Vivienda la Dirección General de Arrendamientos, únicamente fue modificada por el Decreto No. 37 de 15 de mayo de 1974, cuya única reforma y la más perjudicial para el país fue la exclusión del ámbito de aplicación de la famosa Ley 93, los alquileres habitacionales superiores a los 250 dólares, pasando estos a la "libre contratación".

Lo anterior significa que los alquileres superiores a 250 dólares no están sujetos a ser regulados por el Ministerio de Vivienda, quedando a la buena o mala voluntad de cada dueño de inmueble el subir a su antojo los cánones de arrendamiento. Mientras en este país las personas no devenguen salarios decentes, jamás podrán hacer frente no solo al tema de las viviendas, sino a todos los temas relacionados con el alza del costo de la vida.

Panamá ha recibido un aumento en los cánones de arrendamiento en los últimos dos años superiores al 100%, y ¡nadie dice nada! Es urgente que se ponga un alto a esta situación que se vive en el país. Se hace necesario y, con carácter de urgencia, impulsar una modificación a la actual Ley 93 de 4 de octubre de 1973. No es lo mismo haber vivido con esta ley en 1973, cuando la economía del país era otra, a tener que vivirla hoy en el año 2008, con una economía en crisis en la que impera la especulación desenfrenada.

Señores responsables del Gobierno, ya es tiempo de que hagan algo para corregir esta irregularidad. No pretendemos que se lesionen los derechos de los propietarios, pero tampoco podemos permitir que se perjudique a los ciudadanos.

Toda persona que ocupa un apartamento debe estar preparada y ser consciente de que podría recibir un aumento de alquiler o de la letra que paga por su vivienda, pero las autoridades deben velar para que dicho aumento se establezca dentro de la realidad económica del país.

Reitero, no es lo mismo recibir un aumento de 50 dólares por año, que recibir un aumento de 300 dólares al año.

En Panamá se están construyendo viviendas de primer mundo, a precios de primer mundo, pero con salarios de tercer mundo.

Si a los gastos de los ciudadanos les sumamos el alto costo de las viviendas, el alza del combustible y el aumento de la "canasta básica", es fácil deducir que podría ocurrir un estallido social con un aumento significativo de la delincuencia y la criminalidad que perjudicaría al país y, además, a los grandes inversionistas que no tendrían la estabilidad y seguridad necesaria para desarrollar sus negocios y empresas.


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