Pese a los escándalos, sospechas y denuncias de corrupción, Álvaro Uribe sigue adelante con sus planes para volver a reelegirse en mayo de 2010. En medio de fuertes acusaciones de la oposición por vicios de trámite y supuesta compra de diputados con prebendas del Gobierno, el Congreso aprobó una ley que permite al presidente colombiano convocar un polémico referéndum para aspirar a ganar un tercer mandato consecutivo.
La oposición –Partido Liberal, con el ex presidente César Gaviria al frente, y el Polo Democrático– boicoteó la votación. Tras una sesión de 15 horas, la ley fue aprobada por 85 votos a favor y 5 en contra.
Uribe necesitaba 84 diputados para tener la necesaria mayoría absoluta para convocar el referéndum. Los debates se prolongaron al tener que decidir qué congresistas estaban habilitados para votar; algunos no pudieron hacerlo porque son investigados por haber vendido supuestamente su voto a Uribe.
El diputado liberal Guillermo Rivera denunció que el régimen de Chávez, que tanta urticaria produce a Uribe, también ha acudido al referéndum para mantener a su dictador. Franklin Legro, del Polo, añadió: “El referéndum está a punto de acabar con la Constitución y la democracia”.
Los uribistas se defendieron de la acusación de haber vendido su voto. “El Partido de la U no necesita de prebendas para votar el referéndum. ¡No somos prevaricadores!”, exclamó Heriberto Sanabria.
La votación final en la Cámara coincidió con la orden de captura dictada por el Tribunal Supremo de Justicia contra el senador Alirio Villamizar, vicepresidente del oficialista Partido Conservador.
Este congresista está acusado de haber recibido una notaría como pago por su apoyo a la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en el 2004. El tribunal investiga la adjudicación de 23 notarías que supuestamente Uribe habría repartido entre los parlamentarios que apoyaron su primera reelección.
En Colombia hay seis congresistas condenados, siete procesados, nueve presos, 33 investigados y 25 sometidos a investigación preliminar por sus nexos con los paramilitares; el 90% de estos parlamentarios apoyaron la primera reelección de Uribe; más de uno cambió a última hora su voto al recibir promesas de prebendas.
En los dos últimos años, el gobierno de Uribe ha estado involucrado en el llamado escándalo de la parapolítica, por las complicidades de políticos (principalmente de la coalición que apoya al Gobierno), de altos funcionarios e incluso de familiares de Uribe, con grupos armados ilegales de extrema derecha, responsables de miles de muertes.
El Tribunal Supremo investiga de manera preliminar a 86 diputados que en diciembre pasado votaron de manera irregular a favor del proyecto de referéndum, sin esperar un previo dictamen de la Registraduría Nacional, que aún no se ha cumplido.
César Gaviria dijo que Uribe se quiere reelegir para “continuar pateando al Estado”. “Ya hay varios parlamentarios en la cárcel por cuenta de la primera reelección. ¿Cuántos más tendrán que ir a prisión por seguir violando la Constitución por cuenta de una nueva reelección?”, dijo Gaviria. El ex presidente denunció que el Gobierno compra conciencias, hace lo mismo que en la primera reelección, compran parlamentarios con ofrecimientos para después llevarlos a la cárcel.
En un editorial muy crítico con el Congreso, el diario bogotano El Nuevo Siglo señala: “El país asistió en el hemiciclo al peor de los espectáculos. Al ordenar la captura del senador Villamizar, el Tribunal Supremo confirmó el mayor monumento a la corrupción; Villamizar es sólo un caso más en el fermento purulento que domina el Congreso”.
Aunque las dos Cámaras ya han dado el visto bueno a la segunda reelección, Uribe debe superar muchos obstáculos para poder ser candidato. El tiempo es su gran enemigo. Si quiere postularse a un tercer mandato, el presidente, que aún no ha dicho oficialmente que quiere seguir en el poder, deberá pisar el acelerador.
La lucha entre el bloque uribista y la oposición se traslada al Tribunal Constitucional.