El teléfono de mi casa no para de sonar. Hace más de un mes que todos los días, mañana, tarde y noche voluntarios, activistas y vendedores no dan tregua a los votantes como yo, llamando insistentemente para intentar persuadirnos con su propaganda política. En la televisión y en la radio la saturación de anuncios políticos es también insoportable. Por correo llega propaganda de candidatos, sindicatos, compañías petroleras, agentes de bienes raíces, asociaciones de comerciantes, cámaras de comercio, partidos políticos, asociaciones de latinos, de mujeres, de afroamericanos; de agrupaciones en contra o a favor de un aumento a los impuestos; de ambientalistas, de autoridades municipales, estatales y federales. Tan sólo la guía para elecciones en la ciudad donde yo vivo tiene 176 páginas. Pero toda la información y la propaganda que nos abruma en vísperas de la elección de esta semana es apenas la primera estación del tortuoso y largo camino que tenemos que recorrer los votantes en Estados Unidos.
Escoger candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes; al Senado y a la Asamblea estatal y a la burocracia del Estado: gobernador, vicegobernador y demás puestos es relativamente sencillo. Por lo general, los factores que más pesan a la hora de escoger son la coincidencia entre la afiliación política del candidato y la del votante y el expediente del político en cuestión. Lo complicado empieza con la elección de los jueces a la Suprema Corte de Justicia y a la Corte de Apelaciones. ¿Cómo puede un votante común y corriente juzgar el trabajo de los jueces si no es común que se difunda el criterio jurídico en el que basan sus fallos y además la mayoría de los votantes no tenemos los conocimientos suficientes para saber si dicho criterio es correcto o no? Aún así, los jueces serán elegidos por un grupo de votantes que nada o poco sabe de su preparación.
Y luego vienen los rompecabezas que presentan las llamadas proposiciones estatales. Las proposiciones son un legado de California al país que fue creado por el Partido Progresista de California como instrumento electoral democrático para darle voz a los ciudadanos y así contrarrestar las leyes emanadas de una legislatura corrupta y controlada por corporaciones y grupos políticos sin vocación democrática.
Para esta elección intermedia en California, por ejemplo, hubo nueve proposiciones estatales. En sentido estricto ninguna de ellas emanó directamente de un movimiento popular aunque algunas de ellas expresan asuntos públicos que habrían merecido un debate previo a la elección y no un simple sí o no. Quienes las patrocinaron, es decir, quienes pagaron los sueldos de los abogados especializados en la redacción de este tipo de iniciativas permanecieron anónimos hasta que, en algunos casos, los medios revelaron su identidad. Para esta elección sabemos que hubo un multimillonario que ideó su propuesta con el fin de expandir sus negocios. También hubo varias propuestas de corporaciones buscando el apoyo de los votantes para evitar el pago de impuestos o para revertir leyes que afectan sus ganancias porque les obligan a tomar medidas para mitigar el calentamiento global. Hubo también una propuesta de los ambientalistas pidiendo un impuesto para mantener los parques del Estado. Y dos propuestas de grupos políticos que se contradicen.
A mí me resulta particularmente engorroso tener que lidiar con textos escritos en un lenguaje deliberadamente engañoso y con tanta información, pero salí a votar este martes convencido de que con todo y sus fallas no hay mejor sistema político que el democrático sobre todo porque cuando veo lo que pasa en Cuba o en la Venezuela de Chávez pienso que el vía crucis por la democracia bien vale la pena.