En el fragor de un debate patrocinado por Univisión y transmitido en español, Meg Whitman, la candidata del Partido Republicano a gobernador (a) por California admitió que “Sin el voto de los latinos, no puedo ganar la elección”. Jerry Brown, el candidato demócrata, no lo dijo explícitamente pero dejó entrever que para él también es imprescindible el apoyo de los latinos. En elecciones reñidas como esta, el voto latino es el que inclina el fiel de la balanza y en California, los latinos que son como una quinta parte del electorado son mayoritariamente demócratas.
Brown es miembro de una dinastía política de abolengo. Como su padre, Pat Brown, Jerry fue dos veces gobernador del estado; fue además tres veces candidato a la presidencia, alcalde de la ciudad de Oakland y es actualmente el procurador general de Justicia del estado. Whitman es una de las tres mujeres más ricas de California y en esta campaña se ha gastado unos 120 millones de dólares de su fortuna personal. Fue presidenta de la compañía E-bay y su interés en la política es reciente, tanto que según reveló el periódico Sacramento Bee, en 28 años nunca votó.
Lo que Whitman no parece entender bien todavía es que para movilizar a los latinos no basta con presentar ideas sobre cómo reactivar la economía, crear empleos, mejorar el sistema educativo, balancear el presupuesto, preservar el medio ambiente o presumir de su habilidad política para negociar en la Asamblea estatal. También tienen que probar que entienden las aspiraciones y las necesidades de la comunidad. Y que lo que definirá la escogencia será la visión que de ellos tenga la comunidad latina, basada en gran parte por la manera en la que enfrentan el tema migratorio.
Brown favorece la legalización de los indocumentados aunque con ciertas excepciones. También está en favor del Dream Act, la ley que le permitiría regularizar la situación migratoria a los hijos de trabajadores indocumentados que vinieron a este país porque los trajeron sus padres. Whitman dice que hay que “fortalecer la frontera” y multar a quienes contraten indocumentados. Se opone a la legalización y al Dream Act y favorece la creación de un programa de trabajadores huéspedes temporales que vendrían al estado a desempeñar los trabajos que nadie quiere tomar porque son duros, desagradables, sin futuro y muy mal pagados.
Whitman quiere que vengan a trabajar pero que se les niegue la posibilidad de emigrar. Su idea es utilizarlos pero mantenerlos a distancia, no integrarlos a la sociedad. Se reserva el derecho a desecharlos cuando sea conveniente, tal y como acaba de hacer en el caso de una trabajadora doméstica indocumentada que trabajó en su casa por nueve años y la despidió cuando decidió buscar la gobernación.
Whitman asegura que la despidió en 2009, cuando supo que era ilegal pero su alegato es poco convincente porque desde 2003, cuando todavía era una exitosa empresaria la oficina del seguro social le había alertado que el número de seguro social presentado por la mucama no le correspondía. En un principio Whitman negó haber recibido el documento. Luego sugirió que la mucama debió haberlo escondido. Luego dijo que quizá su esposo lo recibió pero nunca le dijo nada a ella. El marido primero dijo que no recordaba la carta. Ahora, el matrimonio admite que quizá la recibieron pero que eso no prueba que sabían que era indocumentada.
Como bien ha señalado Brown, resulta muy difícil saber lo que Whitman realmente piensa porque lo que dice en inglés es muy diferente a lo que dicen sus anuncios de campaña en español. Lo que sí es evidente es que así no se conquista a una comunidad que entiende los dos idiomas.