El otro día le tiraron un zapato a Bush. En realidad fueron dos. Al “zapaticida” lo arrastraron hasta el calabozo y probablemente lo han atormentado como solo saben hacerlo en Abu Ghraib.
Pero entre puños, patadas, ataques caninos y torturas de ahogamiento, le ha de quedar a Muntazer al–Zaidi la satisfacción de que todo el mundo árabe celebra su hazaña.
Aquel incidente se ha constituido en emblema del repudio universal a la nefasta presidencia de Bush, afortunadamente ya próxima a su fin, aunque aventarle el zapato a un gobernante no es la mejor manera de rechazar sus ejecutorias o exigir cambios de política. El sistema democrático contiene medios civilizados para transmitir ese rechazo.
Para eso existen, por ejemplo, las elecciones populares, la representación política, el recurso a la justicia, la libertad de expresión, el derecho de petición y otros arreglos institucionales. Pero cuando dichos medios no funcionan, porque han sido vulnerados o emasculados por quienes ejercen el poder, para exigir reparaciones no queda otra vía que la de la violencia, ya sea en Estados Unidos, Grecia, Irak o Panamá.
En nuestro país el sistema político está tan degradado y pervertido que no cumple las más elementales tareas para las que supuestamente fue elegido. El desdén de los gobernantes y funcionarios hacia los reclamos ciudadanos es notorio y peligroso. Según Eladio Fernández, dirigente de los jubilados: “El gobierno solo hace caso cuando se cierran calles” (La Prensa, 21 de diciembre).
No sería extraño, entonces, que a unos cuantos de los autodenominados “gobernantes” o “altos funcionarios” les hondearan (como dicen los interioranos) un par de zapatos en esta época navideña o en los meses que le quedan a su mala administración. Porque la frustración ciudadana con la ineptitud y corrupción de la denominada “clase política”, particularmente el sector que actualmente ejerce el poder, crece de un minuto a otro y no tiene válvulas de escape.
El sentimiento de frustración popular está más que justificado (sobre todo en esta época navideña), pues quienes supuestamente son servidores públicos abusan de sus facultades, exhiben su incapacidad y ostentan sus riquezas mal habidas a diestro y siniestro. Diga usted, por ejemplo, si los que se largaron a departir con la realeza –meramente para apaciguar sus complejos de inferioridad y salir retratados en ¡Hola!– mientras en su país se ahogaba la indiada y naufragaba el campesinado, no merecen, por lo menos, un zapatazo cada uno.
O si no corresponde el mismo tratamiento a quien, por inmadurez y falta de autodominio, hizo “desaparecer” unas esculturas que son patrimonio del Estado. Eso se llama desfalco y es un delito, pero las y los encargados de la vindicta pública no se dan por aludidos. Después salen con cara de almorrana en la televisión, dizque mortificados por el aumento de la delincuencia y el exceso de criminalidad. Diga usted si no son dignos de un chancletazo.
Conteste usted si no es un cutarrazo lo mínimo que le toca al funcionario que dejó acéfala su oficina en el extranjero para venir a hacer politiquería chapucera y barata, cuando se le pagan varios miles de balboas para que permanezca en su puesto y gestione a tiempo la renovación de un importante subsidio arancelario. Y al jefe de aquél, que le apadrina tanta torpeza y vagabundería –ése que se disfraza del Compa Eskiusmi– ¿no le corresponde un chacarazo?
Responda usted si no le atañe un taconazo al artífice de la militarización triple D (demente, degenerada y demoníaca) que, auspiciado por el gobierno del zapateado Bush, ha recreado la gorilera y reinventado el G–2. El sujeto tiene al menos dos asesinatos a su haber, más toda una pundonorosa trayectoria de vejaciones y atropellos a los derechos humanos, pero las autoridades (in) competentes protegen su impunidad así como desprotegen nuestra seguridad. Señale usted también si las más altas de esas autoridades fiscalizadoras y judiciales no merecen un carterazo y un biombazo, respectivamente, por apadrinar tanta asquerosidad.
Y, para cerrar con broche de oro, aclare usted si a una individua que abaleó a civilistas, se robó una estatua, negoció con medicinas, privatizó la luz y el teléfono, importó dieti–Alleyne–glicol, traficó dioxinas, vendió cambios de zonificación, se encaramó en una candidatura y ahora exige 10 millones de razones para bajarse, no corresponde, por lo menos, un buen rebencazo. Son elementos delincuenciales como ella los que deberían estar en chirona y no quienes como Muntazer al–Zaidi no hacen más que exteriorizar la justificada repulsión de un pueblo por la arbitrariedad, el abuso y el avasallamiento.
