El derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya cumplió ayer, miércoles, un mes de encontrarse en calidad de huésped en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y sin visos de que pueda ser restituido en el poder en el corto plazo, tal como es su exigencia y la de la comunidad internacional.
La inédita situación hondureña comenzó el pasado 28 de junio cuando comandos militares lo arrestaron para cumplir una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General había presentado 18 cargos contra Zelaya, incluyendo traición a la patria y abuso de autoridad, ya que el mandatario se aprestaba a realizar una consulta en torno a un llamado a una asamblea constituyente, la cual había sido declarada ilegal por un tribunal. Pero a la vez de arrestarlo, los militares lo expulsaron a Costa Rica, lo que provocó que la comunidad internacional calificara la acción como un golpe de Estado.
Los militares adujeron que se basaban en el “estado de necesidad”, que se encuentra en la legislación hondureña y que le da cierta autonomía a los funcionarios públicos para cumplir o no ciertos aspectos de la ley, si consideran que peligran el orden social o de seguridad.
Desde el 28 de junio Zelaya comenzó una campaña para lograr su restitución y en dos ocasiones intentó ingresar al país, pero fue impedido por un cordón montado por las Fuerzas Armadas. Zelaya burló el aparato de seguridad e ingresó clandestinamente a Honduras el pasado 21 de septiembre, cuando fue recibido en la Embajada de Brasil.
La acción tomó desprevenido al gobierno de facto, a tal grado que el mandatario en funciones Roberto Micheletti se atrevió a rechazar la versión de su regreso y afirmó ante los medios de prensa nacional e internacional que Zelaya se encontraba en una suite en un hotel en Nicaragua. Pero la llegada clandestina de Zelaya y su posterior alojamiento en la embajada no se transformó en el triunfal regreso al poder, como esperaba el mandatario derrocado y sus seguidores, les falló el elemento clave: la movilización popular.
El Heraldo citó fuentes de inteligencia militar que señalaban que Zelaya esperaba que hasta 100 mil personas se movilizarían tras constatarse su llegada al país, número suficiente para impedir cualquier acción militar en su contra. Pero al final no lo llegaron a respaldar más de 6 mil personas, según las estimaciones más optimistas, lo que hizo que en la madrugada del 22 de septiembre una acción combinada de militares y policías desalojaran a los simpatizantes de los alrededores de la embajada y montaran un cerco policial–militar que controla el acceso directo a la embajada brasileña.
Desde ese momento Zelaya se encuentra en el interior de la misión y solo puede tener contacto con el exterior vía telefónica. El mismo Zelaya se ha definido como un “secuestrado” y ha exigido que el gobierno relaje los controles a fin de tener mayores comodidades. Pero Micheletti ha respondido que “él (Zelaya) solito se fue a meter a la embajada”.
Acompañan a Zelaya más de 50 personas, la mayoría seguidores, pero algunos miembros de su seguridad personas, formado por oficiales venezolanos.
Mientras tanto Zelaya dirige las negociaciones entre sus delegados y los del gobernante de facto, a fin de buscar un acuerdo entre las partes que permita una salida a la crisis política hondureña. Pero las negociaciones se han estancado en el punto de la restitución, ya que las dos partes plantean que debe ser conocida por instancias distintas.
Zelaya propone que sea el Parlamento el que debata si puede ser restituido, ya que fue la instancia que lo destituyó y designó a Micheletti como su sucesor, mientras el gobierno de facto propone a la Corte Suprema como el ente encargado de analizar si puede regresar al poder. Mientras, los expertos legales debaten si Zelaya debe o no regresar al poder por acuerdo político o decisión jurídica.