El pasado martes 17 de agosto, estuvo de visita en Panamá, el asesor para la Seguridad Nacional de Estados Unidos de América del gobierno del presidente Donald Trump, Robert C. O’Brien. La embajada norteamericana en nuestro país informó que, además de este alto funcionario estadounidense, también estaba en la delegación, entre otros, el jefe del Comando Sur.
Sin embargo, dicha estadía pasó casi que inadvertida por los ciudadanos “encerrados”, desinformados y “choteados” con el chiste de mal gusto de la keratina. Sin lugar a dudas, porque este mensajero del “Norte revuelto y brutal”, no vino al istmo con semejante comitiva, simplemente a entregar unos “ventiladores” y una ayuda de “pinches” cuatro millones de dólares. Tampoco fue, únicamente, para suscribir un acuerdo para el combate del narcotráfico y lavado de dinero. A otro gato con ese “ñarreo” (maullido).
La presencia de estos dos “halcones” en nuestra patria se anota en el marco de la política de “alineamiento” y preparación de los países vecinos de la República Bolivariana de Venezuela -convertidos en “mayordomos” del imperio- para la continuación de la peligrosa agresión e intervención en los asuntos internos de la hermana República Bolivariana, particularmente, la probable incursión militar que, supuestamente, está preparando el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, para efectuar en octubre venidero, como un golpe publicitario preelectoral, capaz de decidir el rumbo de los comicios estadounidenses de noviembre próximo.
El choteo mediático y en las “redes”, el anuncio de la apertura y flexibilización de las medidas ambulatorias en el marco de la pandemia, se inscriben – a mi juicio- dentro de la compaña de opacidad, por una parte, y de una gran desinformación en materia de las relaciones bilaterales con el coloso del norte, por la otra, que a éstas alturas de la historia y de las circunstancias particulares de nuestro país, debieran ser de cooperación respetuosa y no de sometimiento e imposición. Nuestro gobernante debiera tener muy presente que el mediodía del 31 de diciembre de 1999, cuando fue arriada la bandera de las barras y las estrellas y abandonó nuestro territorio el último soldado yanqui, se consumó nuestra tercera y definitiva independencia nacional, misma de la cual, también se derivan grandes responsabilidades en nuestra política exterior por motivos contractuales del Canal de Panamá.
Precisamente por nuestro pasado, en el que “Panamá ha sido pasto durante toda su historia, de todos los imperialismos, de todas las viejas formas de colonialismo porque grandes imperios, las grandes potencias coloniales, a través de la historia han visto en nuestro istmo una llave para la defensa, la protección, de eso que llaman los intereses vitales de esas grandes potencias” (Tack, Juan Antonio), es que no podemos tolerar que Estados Unidos, con el consentimiento y colaboración del gobierno nacional, utilice nuestro territorio como rampa de agresión a otras repúblicas hermanas.
De manera que un pueblo y una ciudadanía que, generación tras generación y con mucho sacrificio, luto y dolor, logró alcanzar su independencia del colonialismo estadounidense, no puede darse el lujo ni permitirle al presidente de la República que juegue o ponga en peligro la independencia alcanzada. En consecuencia, el gobierno nacional tiene la obligación y responsabilidad de comunicar y el pueblo panameño el derecho de ser informado, del contenido de la conversa y de cuáles fueron los compromisos adquiridos con los altos embajadores de la geopolítica estadounidense de reciente visita en nuestro territorio.
¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es abogado y analista político