El juez Garzón no es una persona que me caiga simpática. Aun sin haber cruzado una sola palabra con él, me parece un tanto pagado de sí mismo y capaz de entregarse –como tantos otros ciudadanos, por cierto– a la tentación de ejercer el poder. Pero si el Tribunal Supremo de España lo juzga, condena y aparta del ejercicio de la magistratura por haberse atrevido a poner los crímenes del franquismo bajo la lupa de la justicia, entonces no va a ser él solo quien cargue con las consecuencias de semejante disparate. Vamos a ser todos los españoles, los votantes del Partido Popular o de los que quedan a su izquierda; los partidarios del Barça o del Real Madrid; los amantes de los programas del corazón de la tele o de las óperas Liceu y el Real, quienes nos veamos sometidos al bochorno de pertenecer a un país en el que suceden tales cosas.
Los comentaristas de la prensa conservadora española han arremetido contra el juez Garzón con tanto ánimo como quienes publican en diarios digamos más progresistas –y, de paso, los editoriales de The New York Times– han utilizado para defenderle. Pero con una diferencia significativa. La derecha carga contra Garzón recordando que son tres y no sólo uno los procesos que tiene abiertos en el Supremo.
Es una maniobra curiosa, de lógica tan coherente como la que aprovechara que el Pisuerga pasa por Valladolid a guisa de prueba manifiesta de que Darwin estaba equivocado. Yo no sé si el Banco de Santander hizo bien o mal financiando los cursos de Garzón en Estados Unidos. Tampoco conozco los entresijos de la causa contra ese mismo banco que el juez estrella archivó para deducir si hay o no una relación de causa y efecto (por más que el asunto induzca de entrada a la sospecha).
Pero eso no tiene ni la más mínima relación –al margen de que se trate del mismo encausado– con las consideraciones que merece el querer dar una respuesta a quienes desean saber dónde fueron enterrados sus familiares durante la Guerra Civil española y tras ella. Que se trata de una aspiración legítima, creo que no puede ni siquiera discutirse. Que ese derecho asiste a aquellos cuyos padres, abuelos o bisabuelos fueron fusilados por uno u otro bando, cae por su peso. Pero hay que ser muy cerril para pretender que la situación es simétrica tanto en el caso franquista como en el republicano.
Tal vez Garzón se excediese en sus competencias y, si es así, urge cambiar las leyes para que sea posible, e incluso obligado, satisfacer la necesidad de mis compatriotas de cerrar de una vez por todas sus heridas abiertas. Quizá habría debido acudir Garzón a los tribunales internacionales. Pero cuando procesó a Pinochet, fue aplaudido por tirios y troyanos. ¿Qué sucede, que los españoles tenemos menos derechos que los chilenos a la hora de reclamar que los crímenes al menos se juzguen? Vaya historia, vaya marrón como se dice hoy en España, impuesto –otro argumento espúreo de los perseguidores de Garzón– por un juez, Varela, a quien llaman progresista. Ojalá que cupiese llamarle, de paso, ecuánime y sensato.