El agua es vida. El 70% del cuerpo humano y del planeta está compuesto de agua. El agua es necesaria para la salud, las industrias, la generación de energía, la actividad agropecuaria, la preservación de los ecosistemas, el esparcimiento y un sinfín de cosas ya sabidas, pero tal vez poco evidentes que damos por sentado.
Considerando el valor intrínseco que tiene el agua para sostener la vida, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de su Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, reconoce explícitamente no solo el derecho humano al agua, sino al saneamiento, con el fin de garantizar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Así mismo, una de las tantas definiciones de “derecho” que nos da la Real Academia Española es “la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida”.
Aun antes de esta declaración, era evidente que el agua es un prerrequisito fundamental para la preservación del derecho a la vida y otros derechos, así como la generación de oportunidades y la democratización de estas a través del acceso a su uso y disfrute para la salud, subsistencia y aprovechamiento agrícola e industrial. Sin embargo, la idea de que el agua es un derecho inalienable, unida con el hecho de que vivimos en un país donde el recurso es abundante, ha creado una cultura de despilfarro y atribuciones, llevándonos a que la institución responsable de garantizar su libre accesibilidad e inocuidad para que esta sea compatible con la vida, esté enferma.
La última vez que escribí sobre este tema, para esta misma columna, en noviembre de 2017, estábamos recién salidos de una huelga de los funcionarios del IDAAN y la morosidad de esta institución ascendía a $72 millones. Casi dos años después, en octubre de 2019, la morosidad llegaba a $74 millones, de los cuales, según reportado por La Prensa, $50.5 millones, es decir, un 68.2%, corresponde al sector residencial; 20%, al gobierno, y 11.4%, al sector industrial, y en diciembre de 2019, el IDAAN hablaba de la realización de 1,400 cortes de servicio solamente en Juan Díaz, Villa Lucre y Tocumen.
Este derecho al agua y todos sus beneficios sociales y económicos, en especial, que esta agua sea compatible con la vida, tiene un costo. El disfrute del agua, como todo derecho, conlleva responsabilidades para todos sus usuarios como la prudente custodia del recurso hídrico, así como los aportes para garantizar la sostenibilidad del sistema, en la forma de la tarifa que pagamos por el servicio de acueductos y alcantarillados, siendo el cumplimiento colectivo y solidario de nuestra responsabilidad el elemento crucial para procurar los recursos económicos para una institución sólida, saludable y que efectivamente pueda garantizar que el agua llegue de forma segura, inocua y fácilmente accesible a todos los rincones de Panamá.
El pago de nuestra tarifa de agua de forma constante y oportuna es un elemento crucial para procurar los recursos económicos para una institución sólida, saludable y que efectivamente pueda garantizar que el agua llegue de forma segura, inocua y fácilmente accesible a todos los rincones de Panamá. Solo así podremos garantizar que el disfrute de este derecho sea legítimo para todos.
La autora es miembro de la Fundación Libertad