Hay quienes alegan que la actual política de apertura comercial empobrecerá la economía rural panameña. De ello se deduce que las formas de producción agropecuaria hoy vigentes debieran protegerse o, lo que es lo mismo, que este sector debe conservarse como está. Sin embargo, lo cierto es que la realidad rural panameña hace muchos años está condenando a pobreza y miseria a la mayor parte de la población del campo.
Las peores zonas de pobreza y hambre del país están, precisamente, en nuestras áreas rurales. Dicho con más claridad, para la mayoría de los panameños los esquemas agrarios vigentes de organización (o explotación) del trabajo, de inversión (o falta de inversión) y de producción generan insuficiente riqueza que, además, es mal distribuida. Esto atraso se traduce en continuo empobrecimiento y desesperanza de nuestros compatriotas del campo, y en su constante migración hacia la zona metropolitana.
Aparte de inhumano, ese fenómeno es viejo y es muy conocido. Se necesita cierta hipocresía para aducir que la apertura comercial causará gran empobrecimiento rural, porque ese empobrecimiento ya tiene mucho tiempo de estar sucediendo y de ser displicentemente tolerado. Por lo contrario, lo que Panamá requiere es cambiar esta situación, porque ella es inmoral y porque constituye una irracionalidad económica que perjudica al desarrollo nacional.
Ese cambio de situación exige dos cosas, entre otras. Una es sacar al sector de su actual confinamiento en la estrechez de nuestro mercado interno. Otra es ayudarlo a reconvertirse para competir en mercados extranjeros de mayor talla y demandas más sofisticadas. Recluirnos entre las cuatro paredes de un mercadito exclusivo sólo equivale a prolongar una vieja agonía.
Esto va más allá de atender a los grandes y medianos propietarios. Para abatir el flagelo de la pobreza y el hambre, y para estimular el desarrollo del interior, la atención pública debe recaer sobre toda la población rural. Al fin de cuentas, tan productores son quienes invierten en la tierra como quienes trabajan para ellos. Por consiguiente, en términos tanto de justicia y solidaridad sociales como de fortalecimiento económico, en vez de ocuparse únicamente del crecimiento agropecuario el Gobierno debe enfocarse hacia el desarrollo rural, y atender no sólo a la producción y a la cadena agrocomercial, sino a la gente del campo, incluyendo a quienes carecen de tierra y de trabajo decente.
El progreso rural depende de la capacidad productiva y de la rentabilidad de la inversión y el trabajo que sepamos crear. Si insistimos en perpetuar las formas y rubros tradicionales de producción, seguiremos destinados a hacer negocios poco satisfactorios y a agravar la pobreza, por mucho que se apele a viejos proteccionismos arancelarios y pretextos no arancelarios.
Sin ir lejos, comparemos dos mercados localmente pequeños: en Panamá, sólo una de cada 33 hectáreas trabajadas se dedica a la agroexportación. En cambio, en Costa Rica son cinco de cada seis hectáreas. Con eso en el 2005 el agro panameño generó B/. 132.737.447 mientras que el costarricense ganó casi tres veces más. La razón es simple: cada hectárea dedicada a la exportación de productos no tradicionales permite ganar B/. 6.500, mientras que una dedicada a productos tradicionales solo rinde B/ 800.
Para los trabajadores rurales la diferencia es igualmente enorme, pues la agroexportación genera más empleos y mejores salarios que las actividades tradicionales: el uso tradicional de la tierra da para 40 jornales de B/3.50 por hectárea, mientras que las producciones no tradicionales rinden 250 jornales a B/. 6.50 por hectárea.
En otras palabras, para que nuestro agro deje de ser una fuente mediocre de productos y un gran fabricante de pobres, y logre generar más y mejores ingresos y empleos, tiene que reenfocarse hacia la agroexportación. Esta es la razón de ser de nuestras políticas de apertura comercial.
Para Panamá, este viraje es natural. Tenemos una privilegiada ubicación geográfica y muy buena infraestructura física para conectarnos al comercio internacional. A la vez, ello ha propiciado eficaces servicios financieros y a excelentes oportunidades de información y telecomunicaciones para el comercio exterior. El desarrollo de nuestra economía rural debe aprovechar estos instrumentos, pues ellos nos dan grandes ventajas sobre la mayoría de los demás países chicos y medianos.
En el pasado, el sector rural quedó aislado de esas facilidades de conexión internacional pero, ahora que ellas están bajo soberanía panameña, eso puede y debe cambiar. Los TLC son instrumentos jurídicos para vincular nuestras capacidades productivas con los mercados internacionales, en mejores condiciones de competitividad.
Esto no se restringe, por supuesto, a la cuestión del tratado de libre comercio que se desea lograr con Estados Unidos. Las posibilidades están abiertas en otras áreas geográficas no menos accesibles como las del G3, la Comunidad Andina, el Mercosur, la región centroamericana, el Caribe y los mayores mercados asiáticos.
No obstante, los viejos esquemas, aunque son empobrecedores para las mayorías rurales y perjudiciales para el interior, todavía son lucrativos para determinadas minorías y están instalados en algunos viejos prejuicios ideológicos, que aún patalean en defensa del antiguo orden de cosas. Frente a sus resistencias añejas y egoístas, el debate continúa.
El autor es el encargado del Plan Puebla Panamá