Al igual que sucedió cuando George W. Bush estuvo en el poder, Barack Obama lleva años anunciando su intención de reformar integralmente el desastroso sistema migratorio nacional sin obtener resultados positivos.
Otra coincidencia entre ambos presidentes es que tanto Bush como Obama se han topado con los mismos obstáculos en su frustrado empeño por lograr la aprobación de la reforma migratoria integral: los republicanos en el Congreso y sus cajas de resonancia en los medios de comunicación ultraderechistas.
Como Bush, Obama ha gastado millonarios recursos reforzando la frontera sur siguiendo una estrategia que equivocadamente liga el concepto de seguridad nacional al fenómeno migratorio y que en una de sus vertientes más siniestras ha propiciado la deportación masiva e injustificada de miles de personas.
En su intento por paliar la situación, varias organizaciones defensoras de los migrantes le han pedido al presidente Obama que ordene la suspensión del programa llamado “Comunidades Seguras”, que aunque ha servido para deportar a miles de criminales su aplicación indiscriminada ha propiciado la deportación masiva de indocumentados que no eran malhechores. Tan solo en el condado de Los Ángeles, la mitad de las 11 mil personas deportadas en casi dos años no había cometido delitos. También le han solicitado que valiéndose de sus atribuciones presidenciales proteja de una posible deportación a los jóvenes que lejos de ser criminales cursan o han cursado una carrera universitaria en Estados Unidos y podrían beneficiarse de la Ley Sueño o Dream Act que recién ha sido reintroducida en el Congreso.
Hasta ahora, Obama se ha negado a imponer la opción del alivio masivo, “seguramente porque sus asesores le han hecho notar que esta opción está llena de riesgos. Si lo hiciera, sus detractores podrían acusarle de intentar pasar por alto al Congreso, declarando una amnistía parcial”, me dice Doris Meissner, quien fuera comisionada de Inmigración durante la presidencia de Bill Clinton. Sin embargo, según el abogado Thomas Sáenz, presidente de Maldef, una organización defensora de los inmigrantes, “además de la opción del alivio administrativo masivo a los jóvenes que serían beneficiados por el Dream Act, el Presidente tiene otra opción, ordenar la elaboración y distribución de nuevas guías en el proceso de acción diferida caso a caso asegurándose de que los jóvenes que podrían beneficiarse con el Dream Act queden protegidos”.
Desde mi perspectiva, y tomando en consideración que cualquiera de las dos opciones conlleva riesgos políticos, a Obama no le queda otra alternativa que tomar el toro por los cuernos y actuar con firmeza en favor de los inmigrantes. Primero, porque es lo justo y luego porque Obama pertenece a ese grupo de estadounidenses que creen que la tolerancia, la compasión y la generosidad son valores definitorios de la identidad nacional.
Pero hay además otra razón de peso para que el Presidente proceda con audacia. Si a final de cuentas toda decisión presidencial se mide en función de sus riesgos políticos habría que recordarle el riesgo que asumió al liderar la batalla por la reforma sanitaria. También, que fue arriesgado sugerir que la paz en el Medio Oriente requiere de una negociación territorial entre Israel y el pueblo palestino en la víspera de su reunión con el primer ministro israelí.
En la elección de 2008, el 67% de los hispanos y el 78% de los judíos votaron por Obama. Más aun, Obama sabe que con vistas a la elección de 2012 es imprescindible contar con el apoyo financiero de la comunidad judía, y a pesar de esto no le tembló la voz para decirle a Benjamín Netanyahu lo que ni este ni muchos otros judíos conservadores querían oír durante su reciente visita a la Casa Blanca.
Exigirle al Presidente que arriesgue un poco de su capital político para beneficiar a los jóvenes hispanos no es mucho pedir, sería apenas un anticipo de la enorme deuda que Obama tiene con los hispanos, y serviría también para recordarle que en 2012 los hispanos conformarán el 10% del voto nacional.