Durante meses, quizás años, una banda -integrada por panameños, principalmente, y extranjeros- ordenó recursos del Estado sin que aparentemente nadie se diera cuenta de ello en el Banco Nacional de Panamá (BNP), lugar donde se depositaban cheques a nombre del Tesoro Nacional cuyos fondos eran presa de la mencionada banda.
La auditoría del robo aún no termina y ya anda por cerca del millón de dólares. Hay cajeros, contadores, oficinistas y personal administrativo del BNP detenidos, pero la investigación aún no termina. Es muy probable, de acuerdo con fuentes vinculadas al caso, que cuando acaben las pesquisas, el monto del robo aumente, así como las órdenes de arresto.
Los indicios del desfalco comenzaron cuando la firma Illueca Abogados presentó una queja ante el subgerente de Operaciones del BNP, Galileo Ferrabone, por un cheque de 9 mil dólares -depositado en la sucursal del BNP de la Avenida Central el 20 de noviembre de 2002- y que debió cancelar impuestos de uno de sus clientes.
Illueca Abogados presentó copia del cheque y de los formularios de declaración jurada de pago. El funcionario respondió la queja -el 25 de marzo de 2003- admitiendo que, efectivamente, había irregularidades, por lo que ordenó una investigación.
Un día antes -el 24 de marzo- José Antonio Garzón, cajero que laboraba en el banco desde 1985 y que había recibido el cheque de marras, presentó renuncia "por problemas de salud". Y mientras estampaba su firma en la carta de renuncia, en el banco comenzaba una investigación interna de este caso.
La pesquisa determinó que el cheque de Illueca se hizo efectivo y con el producto se adquirieron dos cheques de gerencia del BNP. Uno de 3 mil 504 dólares, a nombre de Juan Carlos A. Ríos, cambiado por Rafael Quintero, cajero del BNP, y otro de 4 mil 179 dólares, depositado por Elisardo Osses en una cuenta de ahorros -en la Caja de Ahorros- a nombre de Marisol Medina, concubina de Garzón. Con el remanente (mil 316.23 dólares) se pagó una fracción de los impuestos que debían cancelarse con el cheque de 9 mil dólares de Illueca Abogados.
Para ejecutar el robo, se utilizó un sello falso del BNP, acción complementada con el uso de procesos bancarios que impedían la fácil detección del dinero faltante, así como la complicidad de otros funcionarios del banco.
De acuerdo con la investigación, los responsables del hecho incurrieron en la apropiación de dineros públicos, falsedad de documentos y sellos, al igual que corrupción de funcionario público.
Nadie en el banco, al parecer, se percató de los lujos de Garzón, quien únicamente ganaba 548 dólares mensuales. El era, por ejemplo, el feliz propietario de dos automóviles BMW y de dos residencias. Y a juzgar por sus recibos de compras, su tiempo libre lo pasaba frente a las vitrinas de una casa de empeños donde adquiría joyería, o en almacenes, donde sus compras no se limitaban a equipos de sonido.
Para el día en que terminó la auditoría -parcial-, un juzgado ejecutor del BNP ordenó el secuestro de varias de las propiedades de Garzón, entre ellas, sus preciados automóviles, para obligarle a cubrir los 9 mil dólares que había sustraído del banco.
Garzón no pretendía devolver el dinero al banco, sino a la firma de abogados. Se presentó a las oficinas de Illueca el 27 de marzo, acompañado de un abogado que se identificó como Raúl Morales, quien dijo ser, primero, abogado de Garzón y luego, compañero de trabajo.
Morales pretendía "limpiar" el buen nombre de su cliente devolviendo el dinero. Quizá, para justificar el comportamiento de Garzón, Morales dijo que su "cliente" era "un enfermo psiquiátrico bajo tratamiento".
No debieron creerle mucho a Morales, pues los abogados de Illueca le dejaron ver documentos referentes al cobro de los 9 mil dólares. Morales miró a Garzón y le dijo que el asunto era muy serio. Dicho esto, Morales recordó repentinamente que su presencia era imperativa en otra parte y dejó solo a su cliente-compañero.
Garzón propuso a la firma pagar la "deuda" a plazos, pero el bufete se negó. La "buena voluntad" de Garzón para pagar lo sustraído quizás sirva de algo ahora que se descubrió que sus operaciones ilícitas en el banco se elevan, de momento, a más de 225 mil dólares, según Eduardo Acosta, supervisor del Departamento de Auditoría de Operaciones del BNP.
El 3 de abril del 2003, Donatilo Ballesteros -en aquel momento asesor legal del BNP- interpuso la denuncia penal de este caso. Sin embargo, un mes después, el ex procurador de la Administración presentó renuncia a su cargo en el banco, luego de que dos de sus hijos fueran involucrados en este acto delictivo.
La querella criminal en ese momento incluía a Garzón, su concubina, Marisol Medina; el cajero Rafael Quintero, quien llevaba más de 20 años en el banco, así como de personas que cambiaron los cheques de gerencia comprados con el producto del cheque de Illueca Abogados, entre ellos, Juan Angel Ríos y Elisardo Osses.
No obstante, según las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, lo de Garzón apenas era la punta de un iceberg , pues se ha descubierto una extensa red de cajeros y funcionarios del banco, así como personas ajenas a la institución.
