En 1979, al fragor de la insurrección armada del Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua contra el gobierno de Anastasio Somoza, el Pacto Andino procedió a reconocer al FSLN como fuerza beligerante. Este paso político fue fundamental para lograr una salida que pusiera fin al conflicto, pues era evidente que el FSLN controlaba vastas regiones del territorio del país y contaba con el apoyo, tanto de la población como de importantes corrientes de opinión pública internacional. Las negociaciones en donde participaron el gobierno de Anastasio Somoza, el FSLN, Estados Unidos, el Pacto Andino y una serie de países, dieron paso a la constitución de un gobierno de transición de amplia base constituido por el FSLN, el Grupo de los 12, y el Frente Amplio de Oposición.
Posterior a este episodio estalla la guerra civil en El Salvador por los alrededores de 1980 y que se profundizó con el asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, por parte de bandas paramilitares derechistas. La situación centroamericana se complicó considerablemente a partir 1981, cuando el entonces gobierno de Ronald Reagan ejecuta una política de abierta hostilidad contra el de Nicaragua, apoyando a los grupos armados de la contra desde el territorio de Honduras.
La gravedad de la crisis hizo que varios países dentro y fuera de la región impulsaran iniciativas diplomáticas tendientes a lograr una salida política al conflicto. Esto da origen al Grupo de Contadora integrado en ese entonces por Panamá, Colombia, México y Venezuela. Esta iniciativa se conjugó con las posiciones de neutralidad activa del Gobierno de Guatemala que indirectamente apoyaba los buenos oficios del Grupo de Contadora.
Un hecho político importante en toda esta crisis, fue la declaración franco mexicana del 28 de agosto de 1981 en donde el secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, y el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Claude Cheysson, después de un intercambio de opiniones en relación a la situación en América Central acordaron lo siguiente: "Tomando en cuenta la extrema gravedad de la situación existente en El Salvador y la necesidad que tiene ese país de cambios fundamentales en los campos social, económico y político... reconocen que la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y los derechos que de ellas se derivan...".
Otro hecho que es necesario destacar fue que los gobiernos de Centroamérica en medio de una situación muy complicada acordaron el primer acuerdo de Esquipulas el 25 de mayo de 1986 en donde se comprometieron a hacer todos los esfuerzos necesarios para buscar la paz. Esquipulas I dio paso al Esquipulas II, firmado el 7 de agosto de 1987. La intervención decidida de la comunidad internacional, coadyuvó a crear las condiciones políticas para el logro de la paz en Centroamérica que finalmente se establece en 1992 al firmarse el fin de la guerra civil de El Salvador y Guatemala en 1996.
En el caso de Colombia, en donde se libra una guerra civil que ha pasado por diferentes fases desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, existe un estado de beligerancia que en la práctica ha sido reconocido por el Gobierno colombiano, desde que el ex presidente Belisario Betancourt en 1984, a través de una intervención por radio, televisión y la prensa escrita, ordenara la suspensión de las operaciones militares contra las FARC en todo el territorio nacional. Esta iniciativa fue acordada con las FARC. Se sostuvieron diálogos que no lograron acuerdos. Esta iniciativa se repitió durante la gestión del presidente Andrés Pastrana cuando se acordó la desmilitarización de una vasta área del territorio colombiano para los diálogos de paz que desdichadamente no logró concretarse.
Las gestiones ejecutadas por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe, y que lograron la liberación de dos prisioneras en manos de las FARC, son en realidad los primeros pasos serios para que la comunidad internacional intervenga activamente a favor de lograr la paz en Colombia.
Es necesario destacar que estas gestiones del Gobierno venezolano se realizaron a petición de sectores organizados de la opinión pública colombiana que aboga por un acuerdo entre el gobierno y las FARC para que se aplique el derecho internacional humanitario. Uno de esos pasos es que países interesados en la paz reconozcan a las FARC como fuerza beligerante, de la misma manera como se hiciera en 1979 por el Pacto Andino en Nicaragua y por la Declaración Franco Mexicana de 1981 en el caso de El Salvador. La experiencia histórica demuestra que la búsqueda de la paz después de 50 años de guerra civil es un proceso complicado, difícil y políticamente complejo. La libertad de los prisioneros en manos de las partes es un problema político de alta intensidad y como tal debe enfrentarse.
