Recientemente la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) publicó un comunicado de prensa titulado: “Precaristas devastan áreas protegidas”. Dice la nota que “En un patrullaje terrestre de funcionarios de la Anam, por las riberas del río Pedro Miguel, en las áreas revertidas, se descubrió que personas inescrupulosas pretendían establecer viviendas en el lugar, además de tratar de devastar el territorio de la zona a fin de realizar actividades agrícolas”.
Lo anterior resulta cínico viniendo de la Anam. No es que esté de acuerdo con que los precaristas se tomen las áreas protegidas, pero es que ellas y otras zonas ricas en biodiversidad están siendo tomadas por precaristas sofisticados, disfrazados de consorcios internacionales y empresarios, la única diferencia es que estas personas cuentan con el beneplácito de la Anam para realizar actividades incongruentes con los fines de conservación y desarrollo sostenible.
Hablo de los megaproyectos hidroeléctricos de AES Changuinola y Bonyic en áreas protegidas como el Bosque Protector Palo Seco, zona de amortiguamiento del PILA; la depredación ecológica al Corredor Biológico Mesoamericano que representa la minería a cielo abierto en Petaquilla; la destrucción de los manglares y humedales; la expropiación de parte de transnacionales turísticas que pretenden seguir saqueando las áreas indígenas y la biodiversidad, como el caso de Damani Beach y Red Frog Beach.
Y ni hablar de las zonas urbanas, en donde nuestra calidad de vida se deteriora con la construcción de cuanta torre–mamotreto quepa en cualquier espacio por minúsculo que sea; por supuesto, todas con estudios de impacto ambiental “debidamente aprobados”.
La Anam no nos termina de sorprender. Recientemente aprobó la Resolución AG–0569–2008 que modifica el artículo 7 de la Resolución AG–0366–2005, señalando que en el caso de las áreas protegidas que no cuenten con el plan de manejo, el concesionario deberá presentar un plan de manejo del área concesionada, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente que regula el contenido que deben tener los planes de manejo para las áreas protegidas.
El apuro por concesionar nuestros preciados recursos es evidente. Disimuladamente la Anam permite que las empresas “se hagan el vestidito a la medida”, dejando que el sector privado ponga las directrices de la política ambiental, al dictar resoluciones administrativas con este alcance.
La política, institucionalidad y legislación ambiental, el sistema de categorías de manejo empleado y otros aspectos de planificación y financiamiento de las áreas (des) protegidas se han amoldado para permitir las actividades que están llevando a una inseguridad jurídica y una crisis ambiental sin precedentes. El tan nefasto “desarrollo” que esta institución promueve, cubriéndose de un cuestionable y dañino manto de supuesta “legalidad”, otorgando concesiones irregulares de administración y servicios en áreas protegidas, aprobando cuanto estudio de impacto ambiental se le ponga en frente, modificando sistemáticamente la normativa legal y otras tantas “bellezas”, constituye el reflejo de una mediocre gestión ambiental en la que es más importante el enriquecimiento de los promotores de proyectos que la conservación ambiental.
La Anam deja boquiabierta a la comunidad internacional y avergüenza al Estado panameño, con sus “brillantes legalismos”, como la defensa a ultranza del principio del que contamina paga, por encima del principio de prevención de daños ambientales. ¡Qué pena, por la plata baila el mono, los corruptos e incompetentes también!
