Durante décadas, el Estado benefactor sueco fue considerado como el modelo a imitar. En esencia, el ciudadano entregaba, es un decir, al Estado más o menos el 60% de sus ingresos y este le proveía todo tipo de servicios de la cuna a la tumba. Eso sí, el ciudadano no tenía ni voz ni voto sobre los servicios, su calidad, costo o forma de recibirlos. Si le gustaban, bien, y si no, mala suerte.
El arreglo parecía de lo más deseable con la condición de que uno no valorase la libertad. Parece ser que exigir libertad en los servicios estatales es propio de algunos grupos recalcitrantes que no entienden que esa libertad estaba muy bien en el siglo XIX, pero que es un asunto superado en el XXI. Como decía alguien por estos lares, es el Estado el que debe proveer ciertos servicios. Punto. Fin de la discusión.
Mauricio Rojas, parlamentario y profesor universitario chileno afincado en Suecia desde 1974, compara el viejo Estado benefactor sueco con el despotismo ilustrado del siglo XVIII. Si trato de aplicar la comparación a Panamá, lo de despotismo es bastante claro; lo de ilustrado, no tanto.
El sistema sueco requería tres condiciones: un buen nivel de crecimiento económico, pleno empleo y una pirámide de edades adecuada, con muchos trabajadores por cada jubilado.
La evolución de las condiciones económicas comenzó a crear presión sobre el sistema. Entre 1960 y 1989 la carga tributaria pasó del 28% al 56% del PIB, el gasto público del 31% al 60% del PIB, mientras que el empleo creció a una tasa promedio anual inferior al 1%.
Por otra parte, a finales de la década de 1980, existía una predisposición de la población sueca a experimentar con nuevas formas de proveer los servicios monopolizados por el Estado.
A principios de la década de 1990, Suecia entró en recesión. El desempleo llegó al 13% y el gasto público al 72% del PIB. El déficit y el endeudamiento público llevaron al colapso del sistema benefactor y a la búsqueda de alternativas. Había que distribuir más beneficios a más personas con menos recursos, y muchos servicios comenzaron a deteriorarse.
En 1991 ganaron las elecciones los partidos de centro–derecha, con la consigna de "revolución de la libertad de elección". Entre 1991 y 1994, el gobierno de Carl Bild aprobó las reformas fundamentales para pasar del Estado benefactor al posibilitador. Las reformas tenían dos elementos básicos. Uno, permitir a instituciones y empresas privadas participar en los servicios previamente monopolizados por el Estado. El otro, entregar a los ciudadanos vales o cheques de bienestar para que cada quien los emplease, a su elección, en instituciones privadas o públicas.
Actualmente, el sector privado participa en servicios como educación, sanidad, pensiones, atención a personas de la tercera edad, cuidado de los niños, prestaciones por desempleo y enfermedad, por citar algunos.
Hoy Suecia tiene más de mil escuelas independientes, que siguen aumentando a buen ritmo; el 35% del gasto de salud se da en instituciones privadas; en cuanto a las pensiones, se creó un sistema mixto, en el que el 2.5% de los salarios va a una cuenta individual de capitalización.
Los socialdemócratas volvieron al poder en 1994. No solo mantuvieron las reformas, sino que hicieron otros cambios. Impulsaron un programa de privatizaciones, incluyendo, entre otros, correo, ferrocarriles, vivienda y energía. El gasto público bajó del 72% al 54% del PIB en 2001; la deuda pública del 80% al 53% del PIB en 2001; la carga tributaria del 56% al 51% en 2002.
Los partidos de centro–derecha alcanzaron el gobierno de nuevo en 2006. Tanto estos como los socialdemócratas están de acuerdo en los elementos básicos del nuevo sistema.
De benefactor por cuenta propia, el Estado ha pasado a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios en un régimen lo más parecido posible a la competencia en el mercado. El nuevo sistema ofrece al ciudadano libertad de elección y, por otro lado, le exige más responsabilidad para tomar las decisiones apropiadas. Los tres principios básicos son: libertad de elección, sostenibilidad financiera y separación entre el Estado facilitador y el proveedor.
Mauricio Rojas, cuyos trabajos sobre el tema me han ayudado para este artículo, hace notar que los mismos que propagaban las bondades del viejo modelo sueco silencian hoy su transformación.
Cuenta una anécdota interesante. En un viaje a Uruguay se reunió con políticos e intelectuales. Todos alababan el viejo modelo benefactor, al que creían vigente. Cuando Rojas les explicó todos los cambios que ya tenían unos cuantos años, sus interlocutores le miraban como si viniera de Marte.
Por mi parte, recientemente escuché a un profesor universitario local cuando hablaba con notable devoción del sistema sueco, lo que me hizo pasar un buen rato.
