Hace unas semanas, en una actividad sobre reformas electorales, escuché a una de las expositoras que estaba narrando la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil frente a las reformas en Colombia, expresar algo que refleja claramente lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país con este tema. Explicaba esta persona que, para los ciudadanos, las reformas electorales representan la forma de mejorar el documento que permite ser elegidos y escoger a las personas que mejor nos pueden representar en la solución de los problemas comunes, pero que para los políticos, principalmente para los que ya ocupan un puesto de elección popular, el Código Electoral se convierte en su Código Laboral, y todos sabemos que nadie estaría de acuerdo en que se le modifiquen sus privilegios laborales, aunque en este caso las modificaciones representen un avance para nuestra democracia, razón por la cual en el proceso de reforma debe participar activamente la sociedad civil organizada. En el caso de Panamá, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que se reúne luego de cada elección, atendiendo la convocatoria del Tribunal Electoral, constituye la mejor fórmula para lograr un equilibrio en las propuestas de mejora del Código Electoral, ya que en la misma están representados los partidos políticos y diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Hace más de un año, el Tribunal Electoral, haciendo uso de la iniciativa legislativa que le otorga la Constitución, presentó la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para que fuera discutida en primer debate, allí debió darse una amplia discusión de las reformas al Código Electoral, y si se querían introducir nuevos temas de discusión, como la eliminación del voto en plancha y las demás reformas que está proponiendo la bancada oficialista, ese era el momento de hacerlo.
Sin embargo, los diputados (de todas las bancadas) prefirieron rechazar de plano, sin argumentos, las reformas propuestas relacionadas con transparencia y topes de las donaciones privadas, mayor participación política y fortalecimiento institucional del Tribunal Electoral.
Adicionalmente, la bancada oficialista introdujo en la discusión la segunda vuelta electoral, que es un tema constitucional, para luego designar una subcomisión que desnaturalizó aún más el documento originalmente presentado, trancándose toda la discusión sobre las reformas electorales. Esto trajo como consecuencia la solicitud de retiro del proyecto de parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, por no existir el clima político propicio para lograr la aprobación de un documento que represente un real avance para nuestra democracia.
Ahora, de manera repentina, un grupo de diputados del oficialismo tiene interés en proponer reformas electorales con reglas más transparentes, claras y participativas, siempre y cuando sean las que presenta esa bancada que, al parecer, tiene una visión bastante limitada de lo que representa la transparencia. Es decir, pasamos de una propuesta analizada y consensuada durante un año por todos los sectores de la sociedad (que desde luego podía ser mejorada por la Asamblea Nacional), a unas reformas propuestas por una bancada que las quiere vender como muy democráticas, con la eliminación del voto en plancha como bandera, cuando en realidad detrás de esa propuesta hay segundas intenciones y, seguramente, solo serán aprobadas por los proponentes.
En conclusión, si no se va a legislar en beneficio de los ciudadanos ni de la democracia, sino en beneficio particular o de un grupo –aunque nos quieran hacer ver lo contrario con argumentos sin sustento técnico–, la discusión de las reformas electorales se debe posponer hasta que haya un ambiente apropiado para llegar a consensos sobre las reglas que necesitamos para tener más y mejor democracia.