El gobierno, es una organización obesa, obsoleta, atrofiada e ineficiente por no decir incompetente. Esto es el resultado de años de un creciente “empapelamiento” de las tareas del Estado, una frondosa burocracia arribista poco idónea. Y, una cultura de servicio escasa con ninguna empatía hacia el cliente, que no es otro que el ciudadano.
Esto es vergonzoso e irritante. Es además mal negocio para el país. Las consecuencias de este autismo paralizante, se refleja en la continua caída de los ya pobres índices de competitividad internacional. No sorprende a nadie que cada vez sea más duro generar un dólar de inversión, local o extranjera. Y con la fama de informales y corruptos, que bien o mal nos hemos ganado, es aún más duro atraer inversión decente y comprometida a largo plazo.
Estas condiciones “estructurales” contra las que hemos luchado cuesta arriba para revertirlas y superarlas, ya sea buscando soluciones como “ventanillas únicas” o “digitalización de procesos” entre muchas otras, no prosperarán mientras que la estructura político partidista, siga teniendo la última palabra.
La situación se empeora. Entre las secuelas de la pandemia y un sistema político huérfano de liderazgo, la capacidad productiva enfrenta una nueva amenaza; la desaparición de la poca institucionalidad que aún nos quedaba, por la fragmentación del poder político y la pérdida (si alguna vez la hubo) de una visión de conjunto.
En repetidas ocasiones he afirmado que presenciamos la implosión del partido de gobierno. Creo también pasa lo mismo con la mal llamada oposición. Ante una situación económica y política difícil, se desdibujan los deberes y las atribuciones y con ello la rendición de cuentas. Como en la decadencia de la antigua Roma cada quien organiza su tribu y su facción y busca controlar y atrincherarse en las rentas o activos del imperio (léase Panamá).
El poder legislativo, en sus diferentes facciones, ya se ha desbordado sobre las atribuciones del Ejecutivo. Ya no basta, como antes, darles presupuesto o partidas especiales para mantenerlos dentro del hemiciclo. Ahora con un estilo flagrante y abierto - a la Martinelli- exigen botellas y dominan las instituciones.
No es necesario abundar sobre el caso del MINSA donde los ciudadanos no solo hemos perdido nuestras libertades, sino que seguimos sometidos a una estrategia de salud equivocada y que pesa más que el Gabinete, presidente incluido. Dio en el clavo quien expresó que “la economía sufre un coma medicamente inducido”.
Pero en mayor o menor grado, la fragmentación de autoridad es endémica en todo el gobierno. El que puede tiene su feudo y su estación de peaje. Cada quien tiene sus reglas y se las aplica al ciudadano a su antojo. En cualquier ventanilla te dicen “esos, ya nos son los requisitos “, “ya cambió el decreto”, “ahora hay otro sello”, “solo vemos nueve casos al día” y punto. Hasta dan asco, las jugarretas del “policía bueno y el policía malo” entre jefe y subalterno, para frustrar y rendir al ciudadano. ¡Casi como se cansa y rinde un novillo para herrarlo y marcarlo! Hemos llegado a punto de que cada escritorio es un país, y cada despacho una república.
Reitero que pareciera que caminamos la suerte de la decadente Roma. Allá entonces, por ejemplo, para ir de Mediolanum (Milán) a Lutecia (Paris) había que rendir tributo y pagar en múltiples “aduanas” o alcabalas, que dominaban salteadores de camino o gamonales feudales. Era un viaje largo, costoso y peligroso. Acá, muy parecido. Ya no hay un hilo conductor de una política de estado que las instituciones deben asumir y salvaguardar. Ahora hay múltiples intermediarios, que se representan por quienes nos atienden, una panda “copartidarios” ignorantes que nos tratan con la arrogancia amenazante de saberse protegidos políticos.
¡Hay que parar esto. El Ejecutivo debe articular, contra viento y marea una estrategia integrada! Debe profundizar la digitalización de los procesos para frenar la discrecionalidad de los funcionarios. Debe promover reglas abstractas y de aplicación general. Abrir portales de atención, para que el ciudadano, pueda con la seguridad que da la transparencia, interactuar con los servidores públicos. Debe usar inteligencia o “compradores secretos” para fiscalizar el trato, la eficacia y la integridad de los funcionarios hacia la gente. Y mucho más.
Y, si le resulta imposible deshacerse de tantas botellas, trátenlas como tales. Enciérrenlas en un despacho, sin autoridad ni funciones. Así por lo menos ni torturan al público ni contaminan a los buenos funcionarios.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
