¿Están listos los países de América Latina para descriminalizar el consumo de droga y abordar el problema como un asunto de salud pública, como lo propone la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia? La reciente declaración de la comisión, Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma, es una interesante proposición de un grupo de intelectuales encabezados por los ex presidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso, de buscar una estrategia regional más eficiente para lidiar con el problema de las drogas.
La comisión plantea una estrategia que se aparta del prohibicionismo de Washington sobre el problema. Se centra en tres premisas: transformar el trato a los consumidores, dejando de considerarlos criminales sino pacientes del sistema de salud, y despenalizar el consumo de ciertas drogas, como la marihuana; enfatizar en la necesidad de reducir la demanda a través de campañas de información y prevención, y enfocar la represión en el crimen organizado asociado al narcotráfico que genera, entre otros flagelos, violencia, inseguridad, corrupción institucional, tráfico de armas y lavado dinero.
Aunque las ideas son interesantes, en realidad no hay nada innovador en ellas. Desde que Reagan declaró la “guerra contra las drogas” a inicios de la década de 1980, diversas voces abogan por un enfoque de salud pública al problema. Pero, quienes han insinuado políticas orientadas a la descriminalización de las drogas, son criticados y en muchos casos castigados, y sus propuestas han sido políticamente inviables. A esta situación política que permanece vigente, se suma la alarmante realidad de los países que sufren en carne propia el flagelo de la droga. En México la violencia se ha exacerbado. Solo en el último año se han producido más de 5 mil muertes en el contexto de una guerra contra los narcotraficantes que se ha extendido en todo el país. En Brasil y Argentina el consumo de cocaína aumentó dramáticamente en los últimos años, como consecuencia de las políticas de liberalización del cultivo de la coca del presidente Evo Morales en Bolivia, que han resultado en la venta de pasta de coca barata en los países del Cono Sur.
En el escenario internacional, las políticas de tolerancia también enfrentan una dura realidad. En Europa el consumo se disparó, lo que obliga a que países como Holanda se replanteen su política liberal de tolerancia y venta libre de drogas. Para 2010, los cafés que operan desde los años 70 para vender y consumir libremente marihuana y otras drogas, podrían ser clausurados.
En este contexto, es difícil que se vislumbre una postura conjunta de los países productores, distribuidores y consumidores en el sentido que plantea la Comisión de Drogas y Democracia.
En EU, es posible que la administración Obama le conceda mayor importancia al tema de la demanda que su antecesor, e igualmente que modifique los énfasis del Plan Colombia y el Plan Mérida hacia un mayor aporte a los programas sociales y de fortalecimiento institucional, pero sin apartarse del enfoque prohibicionista que ha regido la política antidrogas. En este panorama, la verdad es que tanto en Europa, EU y América Latina, estamos lejos de que el problema de las drogas sea visto por sus gobernantes como un problema de salud pública. Aunque el aporte de la comisión es interesante, es un reflejo de que es mucho más fácil hacer recomendaciones que ejecutar políticas públicas. ¿Por qué tantos años después de que dejaron el poder, estos ex presidentes vienen con estas propuestas? ¿Por qué no asumieron este enfoque cuando eran presidentes? ¿Por qué piensan ellos que es viable hacerlo ahora y no entonces?