Los movimientos sociales que de súbito son provocados por alguna acción gubernamental, tienen, generalmente, un lento desarrollo. Las protestas políticas suelen ser más rápidas. La razón es sencilla, las acciones políticas dependen de colectividades organizadas y poseen poco o mucho poder de convocatoria.
El éxito final de las reacciones de la sociedad civil se debe a la persistencia, dinámica y a la sabiduría del mensaje que se lleva al pueblo. Esto bien lo sabe la dirigencia tan experimentada de la Red Democrática que lidera la corriente de opinión que se opone a los decretos ley sobre seguridad. En un principio las romerías a los estacionamientos de la Iglesia del Carmen tenían poca concurrencia. Pero la dinámica que emanaba del discurso de los dirigentes fue logrando dos objetivos: Uno, alcanzar múltiples pronunciamientos de los grupos civiles y políticos nacionales y locales en contra de los decretos ley; el otro, la creciente concurrencia de los ciudadanos a los actos convocados.
Los pronunciamientos coinciden, casi todos, en la exigencia de que tales decretos sean sometidos a consulta. También coinciden en considerarlos como contrarios a la seguridad democrática, la única que puede propiciar un estado de derecho. Estos pronunciamientos públicos han contado, felizmente con un apoyo indesmayable de los medios de comunicación, medios que se encuentran con la Red Democrática a la vanguardia de las luchas antimilitaristas.
Hoy deseo ocuparme en particular de una carta dirigida al Presidente de la República que apareció en La Prensa, en la página 40–A, fechada el miércoles 3 de septiembre en curso, emitida por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá en la que esta entidad expresa su punto de vista sobre los decretos ley y los procedimientos seguidos en su aprobación.
La Cámara Americana es una colectividad que aglutina a más de 400 miembros corporativos o individuales, en su mayoría empresas y empresarios panameños. La carta a Martín Torrijos lleva la firma de José Gabriel Miralles, presidente de la cámara en cita.
En esa misiva está todo consultado, prudencia, sensatez, fidelidad al orden democrático y al estado de derecho y plantea juicios críticos reflexivos contra los decretos ley que coinciden con el clamor y las aprensiones populares.
En uno de sus párrafos medulares la Cámara Americana dice: “Amcham comparte la preocupación de la ciudadanía y del Gobierno por mejorar y modernizar el sistema de seguridad pública. Sin embargo, los cambios en la estructura del Consejo de Seguridad y la creación del Servicio Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Frontera crean inquietudes, por sus similitudes a estructuras que en el pasado se prestaron al abuso de poder y la inseguridad ciudadana”.
Como se puede observar estamos ante una apreciación objetiva, cierta, muy lejos de todo interés político, no solo por la naturaleza de esa cámara, sino por el contenido, no fundado en subjetividades, sino en la historia.
Lo que se transcribe es precisamente lo que han venido denunciando quienes se vienen oponiendo a esos decretos ley, pero el Gobierno no ha considerado tales juicios por estimarlos inspirados por la política criolla. Tal acusación falsa no se puede endosar a la conducta cívica de la Cámara Americana.
En la historia reciente que vivió la sociedad panameña, tan llena de episodios traumáticos que dividieron a la familia y cuyas heridas aún no se han cicatrizado, los decretos ley tienen efectos nocivos porque responden a una vieja política de terror.
La Cámara Americana brinda soluciones al Gobierno, las mismas que están latentes o expresas en todo ciudadano que quiere un futuro de paz y no de opresiones. Y para tales efectos estos empresarios de la Cámara Americana le recomiendan soluciones para vivir sin temores. Dicen: “El Gobierno Nacional debe rectificar la decisión de modificar las normas y estructuras por medio de decretos ley, sin el diálogo nacional y legislativo que son ineludibles requisitos para la aceptación del pueblo. Las nuevas normas no pueden ser eficaces sin las protecciones explícitas de los derechos ciudadanos y sin la aceptación y el apoyo del pueblo panameño, apoyo que no podrá existir sin que la población haya tenido voz y voto en el desarrollo de las mismas”.
La carta abierta al presidente Torrijos enviada por la Cámara Americana de Panamá es un documento de altura, propio para un diálogo sobre los problemas de Estado, digna de ser considerada para cambiar la actual política inspirada en la vieja imposición que tiene, como símbolo la “aplanadora”. Es un símbolo que actúa por acción o por omisión. Actuó por omisión, el miércoles último cuando los diputados abandonaron el recinto para no mantener el quórum que permitiera que los miembro de la Red Democrática plantearan sus puntos de vista sobre los decretos ley.
Al Gobierno Nacional no le presta ningún servicio el no escuchar. Las 400 corporaciones que integran la Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá, con la carta de su presidente Miralles tendrá motivos suficientes para dudar sobre la existencia cierta de un estado de derecho en Panamá. Atinada es la posición de la cámara al finalizar su nota al Presidente de la República advirtiendo que el problema de la seguridad “debe ser un tema de Estado, debatido abiertamente en la Asamblea Nacional y con un amplio diálogo ciudadano. Sin el consenso del pueblo, pocas son las leyes que pueden ser efectivas. Es imprescindible tanto para el Gobierno como el pueblo que estos decretos ley sean sometidos a diálogo público y legislativo cuanto antes”.
Está muy claro que la carta enviada al Presidente conlleva una lección democrática.
El autor es abogado y fue rector de la Universidad de Panamá
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