La explosión de criminalidad que sufre el istmo en el último año ha impregnado los principales diarios nacionales con historias de asesinatos selectivos, secuestros y robos espectaculares. Todo esto bajo las supuestamente impávidas miradas del Gobierno nacional. Los viejos enemigos, la pobreza, la desigualdad y la constitución demográfica del país son los principales acusados, pero nada más lejano a la realidad panameña.
El oxidado y agotado discurso marxista, impregnado en el pensamiento académico que se sustenta en señalar a la desigualdad económica como raíz delictual no es ni predictiva ni generalizable.
El Gobierno reacciona con una inflación legislativa que dista de ser correctamente implementada en juzgados carentes de recursos, y un Ministerio Público donde los funcionarios tienen que pagar de sus propios bolsillos la gasolina para realizar allanamientos.
Se acusa a la Policía Nacional de no tener suficientes efectivos, cuando en cambio de acuerdo al reporte de las Naciones Unidas para el crimen en Centroamérica publicado en 2007, tenemos la tasa de policías por 100 mil habitantes más alta de América Central.
¿Entonces que pasa? Por ejemplo, no podemos señalar a la desigualdad como génesis delictiva porque no todos los delitos cometidos en Panamá son de tipo económico, y la gran mayoría de atracos son cometidos por victimarios del mismo estrato social de sus víctimas.
La razón, parece sencilla de señalar pero difícil de solucionar. Las últimas investigaciones indican que un entorno generoso para la delincuencia, es decir la impunidad derivada de un aparato judicial mediocre y poco confiable como el nuestro, es el caldo de cultivo para el delito.
Toda la cadena judicial, desde el arresto hasta el sistema penitenciario sufre de una carestía en todo sus aspectos, desde humanos hasta estructurales. El economista colombiano Fernando Gaitán habla que la violencia es un subproducto del delito y este florece en un escenario de impunidad.
De igual manera, imponer medidas draconianas carece de sentido si no se le da al sistema judicial y policial una verdadera capacidad punitiva. La certeza de ser castigado al cometer un delito pesa más en la mente de un delincuente que una pena de 50 años que difícilmente será aplicada en un sistema penal corrupto, lento e ineficaz. Se comprueba puesto que en ese mismo informe de Naciones Unidas, se menciona la empinada desaprobación del panameño hacia el sistema judicial, lo que encadena una desconfianza en un sistema penal que se encuentra en franco colapso, puesto que si no hay una certidumbre en que mi victimario será arrestado ¿para que denunciar?
El simplismo proveniente de la academia, la sordera gubernamental, la existencia de una cultura de tolerancia ante el oficio criminal y la mala orientación mediática son los principales problemas para la resolución de la criminalidad panameña, y mientras la discusión se orienta a manos duras y paneles de expertos que nos venden ilusiones, la criminalidad seguirá carcomiendo a balazos y secuestros nuestra sociedad.
