Aristides Royo Un día como hoy, el 21 de noviembre de 1902, se firmó en la bahía de Panamá, a bordo del barco Wisconsin, que fue puesto a disposición de los negociadores por el contraalmirante estadounidense Silas Casey, uno de los tres tratados de paz que pusieron fin a la llamada Guerra de los Mil días, una de las reiteradas contiendas interminables a las que se refiere García Márquez en su obra Vivir para contarla.
El primer tratado, conocido con el nombre de Neerlandia, por el nombre de la hacienda colombiana en la que tuvo lugar, se acordó el 24 de octubre de 1902 y fueron sus firmantes el general Urbano Castellanos y el doctor Carlos Adolfo Urueta. El pacto fue aprobado por el general Florentino Manjarres, conservador, y el general Rafael Uribe Uribe, liberal. Al día siguiente, el 25 de octubre, el general Juan B. Tovar refrendó el documento en nombre del Gobierno. El tratado fue generoso, porque ofreció una paz con garantías, con la liberación incondicional de los presos políticos y de guerra, y la inmunidad e indulto general para todos los soldados y oficiales.
El segundo tratado, el que más conocemos los panameños, es el de Wisconsin. Por el gobierno conservador asistieron Víctor M. Salazar, gobernador jefe civil y militar del departamento, y el general Alfredo Vásquez Cobo, jefe de Estado Mayor del Ejército en operaciones sobre la costa Atlántica, el Pacífico y Panamá, ambos en representación del general Nicolás Perdomo, ministro de Gobierno de Colombia. Por los liberales comparecieron el general Lucas Caballero, secretario de Guerra de la Dirección de la Guerra en el Cauca y Panamá, y el coronel Eusebio A. Morales, secretario de Hacienda de la misma dirección, como representantes del general Benjamín Herrera, director de la Guerra en el Cauca y Panamá, y general en jefe del Ejército Unido.
Entre las consecuencias más relevantes de este tratado, mejor conocido como La Paz del Wisconsin, figuran el restablecimiento del orden público, la libertad inmediata tanto de los prisioneros de guerra como políticos, cesación de las contribuciones de guerra e impuestos extraordinarios, amplia amnistía y la cancelación o anulación de los juicios por responsabilidades políticas. Nos recuerda este documento la generosidad que tuvo el mariscal Sucre con el español Canterac, luego de la dolorosa batalla de Ayacucho que selló la independencia americana y la del general Ulysses Grant con Robert E. Lee en Appomatox, al término de la cruenta guerra civil en Estados Unidos.
Como un dato importante, en su artículo 7, el Tratado del Wisconsin se refiere a la convocatoria de elecciones para miembros del Congreso y expresa que a este último se le someterán, entre otros temas, las negociaciones relativas al Canal de Panamá, como una de las cuestiones de altísimo interés nacional.
Como es bien sabido, el fracaso en la aprobación del Tratado Herrán-Hay en agosto de 1903, fue una de las motivaciones más graves que llevaron a los panameños a la declaración de independencia del 3 de noviembre de ese mismo año.
El tercer tratado, conocido como el Tratado de Paz de Chinácota, fue firmado en igual fecha que el del Wisconsin por los generales Ramón González Valencia, R. Jaramillo y Ricardo Tirado Macías, y fue aprobado por el vicepresidente Marroquín. Ya firmados los tratados que pusieron fin a la contienda de los Mil Días, se cometieron dos torpezas, una cuya consecuencia pudo evitarse, y la otra produjo una muerte injusta e innecesaria. La primera de ellas fue la orden impartida por el ministro de Guerra, José Joaquín Casas, para que se le siguiera Consejo Verbal de Guerra al general Rafael Uribe Uribe, caudillo de los liberales. En respuesta a dicha orden, el general Juan B. Tovar, el 3 de noviembre de 1902, le envió el siguiente telegrama al ministro de Guerra: He ganado la espada que llevo al cinto combatiendo lealmente en los campos de batalla. Prefiero romperla sobre mi rodilla antes que mancharla con sangre mal derramada y envilecerla con la violación de la palabra que en nombre del Gobierno he comprometido. Exactamente un año después, el 3 de noviembre de 1903, el general Tovar fue apresado, por tiempo sumamente breve, por los patriotas panameños que organizaron la independencia.
La segunda torpeza, jurídica, procesal y políticamente absurda, fue el juicio sin garantías seguido al general Victoriano Lorenzo. Al acusado no se le dejó conocer el acta de acusación levantada contra él y, como señala el historiador L. Martínez Delgado, se le nombró un defensor de oficio cuya edad no pasaba de 16 años. Presidió el Consejo de Guerra el general Esteban Huertas.
De lo que no nos cabe ninguna duda a los panameños, que poseíamos desde hacía muchos años identidad propia como nación, aunque no fuésemos Estado, fue que esa guerra nos trajo luto y pobreza; que arruinó la economía del olvidado Departamento de Panamá por unos hechos desencadenados desde una tierra que sentíamos ajena; que hubo confiscaciones, fusilamientos y muchas políticas arbitrarias y erróneas respecto al Istmo, entre las cuales destaca como factor desencadenante, el rechazo del tratado que permitiría la construcción de un canal por Panamá. En esa lucha fratricida participaron liberales que luego contribuirían activamente a la construcción de la República independiente, tales como Belisario Porras, Eusebio A. Morales, Guillermo Andreve y muchos otros panameños que dejaron una imborrable estela para que en la posteridad se siguiese su ejemplo.
