¿Justificaría usted el uso de la tortura a terroristas aduciendo que con su aplicación se evitan males mayores para la nación?
¿Qué pensaría si la publicación de una fotografía que documenta la tortura a un prisionero sospechoso de actividades terroristas sirviera de pretexto a un grupo de terroristas para justificar el asesinato de personas inocentes?
¿Cómo reaccionaría si un sospechoso de terrorismo es liberado por un tribunal de justicia legítimo, porque todas las pruebas en su contra se obtuvieron mediante la tortura?
¿Qué opinión le merece un candidato presidencial que reniega de sus promesas de campaña una vez electo presidente?
Estas preguntas, y sin duda muchas más, deben haber pasado por la mente del presidente Barack Obama la semana pasada cuando llegó el momento de decidir si ordenaba la publicación de una serie de nuevas fotografías que muestran a soldados americanos torturando a prisioneros en Irak y Afganistán y el restablecimiento de los tribunales militares en Guantánamo.
En ambos casos, desafortunadamente, el presidente reculó.
Obama decidió apelar ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de dos tribunales federales que le ordenaban hacer públicas las fotos y decidió también restablecer los tribunales extraordinarios aunque les fijó limitantes y ordenó la ampliación de las garantías legales de los presos.
Lamentablemente, las decisiones del presidente ignoran principios constitucionales inalienables; atentan contra el debido proceso; violentan el estado de derecho y no resuelven el problema que pretenden solucionar.
Otro problema, y no menos serio, es que comprometen la credibilidad de sus convicciones y su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
En campaña, Obama denunció a la administración de George W. Bush por negarse a hacer públicas las fotografías. Desde la presidencia prometió publicarlas y ahora se desdice argumentando que su publicación podía inflamar los sentimientos antinorteamericanos en ambos países; que podría poner en peligro a las tropas estadounidenses; que la difusión pública de dichas imágenes “no agregaría ningún beneficio adicional a nuestra comprensión de lo que en el pasado realizó un pequeño número de individuos”.
En lo referente al restablecimiento de los tribunales especiales también es necesario recordar que Obama se opuso a ellos desde 2006 y no paró de denunciarlos como “un sistema defectuoso de comisiones militares que no ha conseguido condenar a ningún sospechoso de terrorismo desde el 11 de septiembre y que está siendo acosado por desafíos legales”, y prometió cerrarlos de llegar al poder.
La semana pasada, sin embargo, el presidente anunció el restablecimiento de las comisiones para juzgar a unos 20 presos considerados de alta peligrosidad, entre ellos los sospechosos de haber participado en la organización de los atentados del 11 de septiembre. El resto de los prisioneros serán trasladados a otros países para ser juzgados o serán juzgados en tribunales ordinarios en EU o serán puestos en libertad.
En ambos casos, la debilidad de los argumentos del presidente es evidente. La censura establecida en torno a las fotografías viola la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión. Al mismo tiempo, cuestiona el argumento de que el abuso a los prisioneros, escalofríantemente documentado por los propios soldados americanos en Abu Ghraib, era una aberración que si acaso mostraba la imperfección de unos cuantos soldados indignos, porque revela un posible uso sistemático de la tortura.
La existencia de los tribunales extraordinarios contradice la esencia los principios fundacionales del país y desconoce que la democracia se fortalece con el escrutinio público de los abusos que comete el gobierno porque exige el rendimiento de cuentas y obliga a la reforma.
Tanto las fotos como los tribunales extraordinarios muestran la permanencia de un sistema corrupto inspirado por la complacencia del Presidente George W. Bush, sus colaboradores y sus asesores, y en ambos casos se evidencia una cultura de impunidad que Obama debe rechazar.