Como residente y empresario del área, pero sobre todo, como ciudadano panameño, me resulta inaceptable el ver cómo el Gobierno intenta vender la idea del impuesto de la cinta costera a la población de nuestro país. Deja mucho que desear que la estrategia solo propicie una “guerra de clases” al tratar de hacernos creer que los únicos que se oponen a esta arbitraria decisión son los “rabiblancos” y los “yeyesitos”, como lo han indicado en los distintos medios de comunicación.
Yo los invito a investigar la cantidad de residentes de Bella Vista, Calidonia y sus alrededores que se verán seriamente afectados con este nuevo “impuesto inventado”. Estamos hablando de un importante número de familias panameñas, algunas de las cuales llevan años de ser parte de esa comunidad y que están lejos de ser “rabiblancos”, ni nada que se le asemeje. Personas que compraron sus viviendas ajenas al sonado “Boom inmobiliario”, que si bien ha elevado el costo de sus propiedades, también ha ocasionado un incremento preocupante en el costo de la vida de todos. Este nuevo impuesto tocará las vidas de muchos residentes que viven de sus jubilaciones y que difícilmente podrían afrontar la imposición de una nueva cifra que afecte sus ya apretados ingresos.
¿En qué momento se les consultó a ellos acerca de este proyecto? ¿En qué momento se les preguntó si estaban en capacidad de pagar esta elevada cifra, para que el resto del país disfrutara de los beneficios de la cinta costera? ¿Cuál hubiese sido la reacción, no solo de ellos, sino de la ciudadanía en general, si se hubiese hecho la debida consulta antes de iniciar este proyecto?
Cuando veo esto me pregunto: ¿Por qué no cobraron estos impuestos cuando se construyeron calles pavimentadas hacia los proyectos de playa de Punta Barco o Farallón o hacia las fincas de Boquete? Si el efecto fue el mismo, subiendo el valor de todas esas tierras... ¿Alguna vez se ha cobrado impuestos a las barriadas beneficiadas por los pasos elevados y puentes que incrementan específicamente el valor de estos proyectos? ¿Acaso los residentes de Paraíso, Gamboa y sus alrededores tuvieron que costear el proyecto del Puente Centenario?
¿Con qué base se decide imponer esta práctica ahora? ¿Dónde quedan aquellos discursos en los que orgullosamente informaban a la ciudadanía que el proyecto contaba con los fondos para su realización?
Mi intención no es desacreditar el beneficio que todos recibimos de las inversiones que hace el Gobierno en la infraestructura de nuestro país. Mucho menos el frenar el crecimiento que nuestra bella ciudad merece tener. Es evidente que Panamá necesita de inversiones que mejoren la calidad de vida de todos y, precisamente, basándome en esta última frase, es que me opongo rotundamente a un impuesto, impuesto (valga la redundancia) que sin lugar a dudas desmejorará la estabilidad económica de los hogares de muchos panameños que lamentablemente nunca fueron tomados en cuenta y jamás se les consultó acerca de este “mega proyecto”.
Si se cometió un error al presupuestar el proyecto, aceptémoslo y confrontémoslo, buscándole una solución consensuada y justa para todos los sectores de nuestro país.
Panameño: no permitas que te confundan y propicien una guerra de clases que nunca nos caracterizó. Hoy el impuesto afecta a unos, mañana los afectados pueden ser otros.