El pasado 28 de enero se cumplieron 351 años del ataque de los escuadrones del pirata Henry Morgan a la ciudad de Panamá, tres siglos después no tememos a los piratas, sin embargo, continúa el saqueo a nuestra ciudad. En las últimas semanas hemos sido testigos de la conducta más indiferente y amoral de los bandidos que presiden los municipios del país.
El diccionario de la Real Academia Española define “Cleptocracia” al “sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”. Vivimos en un “Imperio del Oportunismo”, nuestra sociedad en su mayor extensión ha normalizado el “¿Qué hay pa´ mi? lo que resulta en una corrupción institucionalizada, no sorprende que diputados, ministros, representantes, alcaldes y similares usurpen la función pública y, configuren una auténtica “Satrapía Canalera”.
Dos exponentes de esa clase política dinosaurica y demagógica son motivo de noticia y crítica, el primero, sustentó sus altos ingresos mensuales sobre la base que “los corredores no son baratos”, mientras que otro los sustenta en que recaen en el tratamiento de personas con “picadas de culebra”. Este despilfarro de los dineros de los contribuyentes es un insulto a todos los panameños que despiertan muy temprano todos los días para buscar el sustento diario, en cambio, estos holgazanes en oficinas refrigeradas hasta triplican sus emolumentos.
Naturalmente los cuestionamientos desencadenaron un debate ¿Por qué las autoridades municipales y locales gozan de tanta libertad para elevar sus remuneraciones? esta modalidad de asalto a las arcas públicas no es nueva, todos recordamos la planilla 080 que los diputados utilizaban para premiar a sus esbirros, como en aquel entonces, es responsabilidad de la Contraloría General de la República, fiscalizar con rigurosidad el patrimonio de todos.
La respuesta de la contraloría fue dantesca porque el propio contralor avaló y sigue avalando las planillas clientelistas del Legislativo, pero suspendió los gastos de representación a alcaldes y representantes tras días de crítica constante ¿Por qué un despilfarro es estrictamente necesario y el otro no?
La Contraloría debe ejercer no solo un criterio financiero, también utilitarista del dinero del Estado, porque esa lógica maquiavélica nos ha llevado a episodios, donde los funcionarios defienden sus privilegios con base en la Ley, aunque nos encontremos en el episodio más difícil de la humanidad.
Nuestro país no alberga una separación de poderes, en cambio, vemos con tristeza una separación de intereses, la planilla estatal está compuesta por 290 mil 776 funcionarios, la constante lleva al incremento sostenido en el tiempo; aquellos que ingresaron a través de la elección popular se ingenian cada vez más en crear más formas de expoliación, planillas, gastos de representación, movilización, viáticos, dietas, exenciones de impuestos, y diversas manifestaciones que profundizan la deuda pública.
Todo esto en un país que todavía no supera los embates del autoritario Estado de Emergencia, presenta una tasa de informalidad del 47.6%, ocupa el puesto 71 de los 77 evaluados por la prueba PISA, y según el viceministro de finanzas, podríamos acabar el 2022 con una deuda de aproximadamente $44, 000 millones de dólares.
El burócrata promedio no se preocupa por los fondos para gestión porque están garantizados por el endeudamiento progresivo del Gobierno, no obstante, los ciudadanos debemos ejercer veedurías en los 81 municipios, 679 corregimientos, 71 diputaciones, ministerios, Poderes del Estado y similares para que se detenga el latrocinio inmediatamente.
El autor es amigo de la Fundación Libertad
