El árbol de cocobolo ha mostrado al mundo toda su riqueza, belleza y potencial económico, en especial para las comunidades y Estados que lo cuentan en el inventario de sus invaluables recursos, desde México hasta Panamá. La extraordinaria especie es un sobreviviente de la adversidad ambiental, pero su talón de Aquiles es la tala ilegal para el comercio internacional, el contrabando y la silenciosa corrupción que le rodea.
El cocobolo también crece en las comarcas de Madungandí, Wargandí y Emberá Wounaan. Son constantes las denuncias de los moradores de estas reservas contra los campesinos invasores y madereros que extraen las tucas de forma ilegal durante la noche. Por este delito ambiental ya se han presentado denuncias ante las instancias judiciales y administrativas, sin que se reciban respuestas.
La inaccesibilidad a las comarcas no ha impedido las incursiones que han tenido el único propósito de derribar más de 8 mil de estos valiosos árboles. Los invasores atraviesan puestos de control, la seguridad institucional local y, al final, salen con la mercancía desde los puertos panameños hacia países extranjeros como China, en donde fabrican finísimos objetos que solo compran empresas y clases sociales de altísimo poder adquisitivo.
Se dice que algunas comunidades indígenas otorgan permisos a los campesinos o empresas a cambio de $8.00 dólares el metro cúbico, y que otras piden dinero a cambio de conseguir permisos para extraerlos. En Panamá, el precio del cocobolo por tonelada es de entre 2 mil y 4 mil dólares, que se cuadruplica en el extranjero. Es, como se dice, un negocio redondo. ¿Somos conscientes de lo que enviamos al extranjero a cambio de unos centavos?
El árbol de cocobolo, que está catalogado en peligro de extinción, forma parte de la red forestal que protege las reservas hidroeléctricas del país, en este caso la cuenca del Bayano. ¿Qué hacemos para impedir la extracción y su tráfico ilegal? ¿Conocemos que los medios reportan la invasión de una mafia de la madera en bosques nicaragüenses?
El Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas en Panamá en materia de recursos naturales indicó que los indígenas manifestaron su preocupación por la presencia de terceros, que les han hecho perder territorios y recursos. Estos terceros incluyen a campesinos, empresas privadas agrícolas, ganaderas y de turismo, así como mineros y madereros ilegales.
El Relator Especial recomendó adoptar medidas conjuntas con las autoridades indígenas para prevenir el ingreso de esas terceras personas, además, elaborar un plan de seguridad de tierras y recursos naturales, que involucra la participación de instituciones, la aplicación de controles forestales y estatales, como programas de conservación y recursos, entre otros.
El riesgo de que el cocobolo se extinga continúa. Las más perjudicadas con esto serán las mujeres indígenas del área, pues lo utilizan de forma artesanal para promover su autonomía económica. Junto a este problema los efectos del cambio climático y del fenómeno de El Niño se ciernen sobre la flora del área.
Es hora de actuar con hechos concretos y efectivos para la protección de esta especie. Aún estamos a tiempo de garantizar su valiosa supervivencia en Panamá.
