Inicié trámites para obtener mi pensión en noviembre de 2018, por recomendaciones que le brindan a uno las buenas amistades, o sea, unos cuatro meses antes de cumplir mis 62 años de vida en la tierra. Recibí el primer pago de la misma, el 19 de julio de 2019. En cálculos pobres, demoró el Seguro social ocho (8) meses en la tarea de asignarme el monto y obtener el primer pago. En dicho proceso, no está cimentada mi queja.
Para esos días de noviembre de 2018, había cambiado mi número de celular, ya que al meterme a la regadera del baño, deje el mismo sobre una toalla, se deslizó sin darme cuenta y como mal buzo, terminó muerto al no soportar estar unos nueve (9) minutos que estuve ocupado en mi aseo, sumergido en la taza del baño. Por muchos esfuerzos del chinito de la electrónica, se le declaró muerte irreparable por zambullida en lugares vedados a su seguridad tecnológica.
Para sorpresa mía, desde mediados de marzo de 2019 hasta la fecha, he recibido más de 280 llamadas de financieras, bancos, consorcios de préstamos y cuanto agiotista se le haya facilitado con una rapidez meridiana, explotar y expoliar a quienes contra tantas vicisitudes hemos podido lograr llegar a esta etapa de la vida.
¿Quién les facilitó mi número de celular?. Al igual que el de tantos pensionados a estos grupos de personas y empresas, quienes como panal de abejas africanizadas, caen inmisericordemente sobre los pensionados, en un frenesí de llamadas y coqueteos, regalos de cajas de fósforos y papelitos preñados de “ofertas”, con cuyos sortilegios y encantamientos, les caen para ver como logran crucificarles con sus famosos “préstamos”.
Quién les informó sobre mis trámites y obtención de la pensión sin mi consentimiento?. Muchos panameños se sienten asediados y fastidiados con correos, llamadas, mensajitos y hasta por el WhatsApp. Nos hacen la vida imposible, a pesar de lo mucho que hemos insistido en que no tenemos interés. ¿Será que éstos carroñeros prestamistas no tienen límites ni control y están por encima de la ley? En este país de muchos gobernantes juega vivos, ¿será esta una afortunada forma de pago, para quienes han sido financistas de campañas?
¿Con qué autoridad ingresan estas empresas, bancos y financieras, en los teléfonos particulares de quienes no le hemos otorgado autorización? ¿Comprenderán los gobernantes, cuánto sufren las familias de quienes quedan ensartados en estos préstamos leoninos?
Me tomé la tarea en dos meses de consultar a muchas amistades que vivieron este asedio y me indicaron que les ha pasado lo mismo. El acoso es inmediato, antes y después de haber recibido la información del monto asignado a la pensión, por lo que se deduce muy claramente por lógica y sentido común, que el informante o los informantes, son parte del engranaje institucional de la Caja de Seguro Social. La sabiduría nos enseña que, un caso es casualidad, dos es coincidencia, pero tantos y por muchos años es premeditado y complicidad.
¿Tendrán idea, tanto los gobernantes, como quienes han dirigido y dirigen la CSS, cuántos panameños humildes al final de su vida, están siendo presa de cuanto agiotista ha aparecido y les permiten actuar con el famoso título económico de “Financieras”? ¿Se habrá interesado alguno de estos mortales en hacer una evaluación exhaustiva de cuánto ganan en intereses las mismas con dichos “préstamos”? ¿Sabemos cómo vive el atracado y como vive dicho atracador? O, porque se trata de un simple ciudadano tratado como de tercera categoría miramos para otro lado.
He exigido en muchos casos a estas “empresas”, que brinden un informe detallado del manejo de los “préstamos” a varios afectados que ven pasar año tras año en los cobros y no baja la morosidad. En varios casos, las personas ya arrastran sus pies al caminar y los excesos siguen. ¿Quién regula en el Estado, esta situación y quién le pone el cascabel al gato?
En tiempos de crisis, la autoridad y la confianza se ganan con la justicia. Simples discursos, quedan solo en eso. Para que impere la autoridad, se requieren gobiernos fuertes cuya sensibilidad sea un verdadero amor a su pueblo, no permitiendo la explotación.
El autor es politólogo