Si los "gastos de representación" por asignación fija han sido un escape para no pagar las cuotas de seguridad social (La Prensa, 8 de diciembre de 2004), los no menos comunes "contratos de servicios profesionales" siguen disfrutando de una fiesta sin fin, donde participan los patronos (sobre todo el propio Estado, a pesar de que está obligado a dar el ejemplo cumpliendo con TODAS las leyes) y su contraparte laboral; estos últimos, los trabajadores, por necesidad y resignación, quedan sujetos a la imposición de "lo tomas o lo dejas", y como la necesidad es la madre de todos los vicios, la fiesta se convierte en borrachera.
En la propia Presidencia de la República, en administraciones pasadas, se hicieron ofensivos contratos de servicios profesionales para complacer el amiguismo; por los predios de la ex Asamblea Legislativa, cuna de las leyes y dormitorio de los hoy llamados diputados, también abundaron los famositos contratos para favorecer el clientelismo político. Las demás instituciones y ministerios públicos no se perdieron la fiesta, pero el colmo fue la misma Caja de Seguro Social que, aun en tiempos de su más polémico director general, profesor Juan Jované, realizó contratos "profesionales" cuya única intención era el ahorro de las cuotas de seguridad social.
En la empresa privada la contratación de personal está sujeta a las leyes laborales y a las cuotas de seguridad social que deben entregarse obligatoriamente a la CSS (situación que confirman las normas legales respectivas y las auditorías a empresas que hacen los auditores de dicha institución); en cambio el sector oficial hace gala de una potestad mal concebida abusando de los "contratos de servicios profesionales", por metodología o costumbre, sin fundamento legal que lo sustente y confirmando el cuestionado principio de "haz lo que yo digo, no lo que yo hago". Eso es corrupción.
En la Asamblea Nacional, casa de leyes y también de la violación a las mismas, se pagan gastos de representación en exceso del valor de los salarios (3 mil 200 dólares frente a mil 800 dólares), en abierta violación de las normas, y también se asignan sumas fijas de mil dólares por mes en concepto de combustible que, para todos los efectos legales, califican como salario en especie. Y nadie dice nada haciendo honor al código del silencio, a pesar de que el valor de ambos conceptos supera la suma de 22 millones en los 5 años del período de los padres de la patria. La cuestión es que no son tan buenos padres, ni se les obliga a serlo como sucede en la empresa privada. Eso también es corrupción.
Por otro lado, los efectos son negativos para los contratados, ya que al no reportarse cuotas no acumulan beneficios ni prestaciones, no cotizan para su futura jubilación y no están cubiertos por el seguro de riesgos laborales.
Los abusos que se cometen no deben tener cabida en una sociedad donde se respete la dignidad humana.
Mantener la figura de contratos para no incurrir en cuotas de seguridad social es atentar contra las finanzas de la CSS y contra los propios contratados a quienes los visten de profesionales independientes a pesar de ser una relación laboral que se confirma por la existencia de una sola fuente de ingresos, por dependencia administrativa y por existir una jerarquía patronal; es decir, existen todas las condiciones para calificar tal relación como laboral.
Las reformas tributarias, que llegaron con la obligación de salvar las finanzas del fisco nacional, y las reformas de la CSS, que pretenden salvar de la quiebra a nuestra mayor institución social, deben confirmar la base de una Patria Nueva, justa y equitativa, eliminando fueros y privilegios.
Recuerdo cuando le pregunté al presidente Martín Torrijos E., que si el gobierno de Patria Nueva estaba dispuesto a combatir los fueros y privilegios; la respuesta fue obvia. Por eso me atrevo a señalar que no podemos forjar una patria nueva, que sea cada día mejor, si no acabamos con las injusticias enquistadas en nuestra cultura.
Empecemos cambiando paradigmas desfasados y hagamos del Estado un celoso vigilante de las leyes y ejemplo vivo en el cumplimiento de las mismas, y terminemos con este Estado promotor de contratos laborales (mal calificados como de servicios profesionales) que no cotizan a la CSS con el consentimiento de los funcionarios de turno, incluyendo una tácita y complaciente aceptación de la CSS en contravención de su propia ley orgánica.
Finalmente, las cuotas no pagadas a la CSS en los dos últimos años (2003 y 2004) por los contratos de servicios profesionales de la Asamblea Nacional (ex legislativa) ascendieron a 6 millones 602.595 dólares. Si así fue en la Asamblea cuánto más habrá en las otras instituciones del Estado que servirían para darle más ingresos a la CSS y restar fueros y privilegios al margen de las leyes.
El autor es contador y asesor de impuestos
