Entiéndase "emanado" como aquel individuo que logra un puesto como funcionario público gracias a los votos; diputados, alcaldes, representantes, y, así como también los ministros, directores de entidades públicas, gobernadores, asesores y otros funcionarios muy bien remunerados.
Cuando se habla de la proliferación de la delincuencia y de las bandas, solo se culpa a la Policía, a la PTJ, a los jueces y a los fiscales. Pero nos hemos puesto a pensar que la corrupción de los "emanados" es un gran promotor del desarrollo de la delincuencia y la formación de bandas, ya que estos engañan al pueblo y no se dedican honestamente a desarrollar los tres aspectos más importantes en la lucha contra la delincuencia: trabajo, salud y educación.
Pensemos cómo reaccionan aquellos ciudadanos humildes que durante una campaña política han caminado, sudado y pasado hambre buscando votos y todo porque se les hizo una promesa de empleo, si cuando van en busca de ese prometido empleo la respuesta que le da el "emanado" por el cual luchó y se sacrificó es: "la vaina está dura y no están nombrando a nadie"; pero luego esos humildes colaboradores políticos se enteran que los "emanados" nombran amiguitas, amiguitos y familiares ineptos que nunca caminaron ni hicieron nada para conseguirle los votos que llevaron a ese "emanado" y a su partido político al poder.
Otro aspecto que también influye en la delincuencia es el hecho de que los "emanados" se venden, haciendo de las coimas un modus vivendi. Se parcializan a favor del mejor postor y niegan los derechos que cualquier ciudadano debe poder disfrutar sin importarles el daño que hacen creando un odio irreversible en contra de la sociedad, del Gobierno y, por ende, del Presidente.
Nuestro Presidente, en su último discurso sobre la guerra contra la delincuencia no tocó un aspecto que considero muy importante: la destitución inmediata y encarcelamiento si es imputable de todo aquel funcionario al que se le pruebe cohecho, incapacidad, omisión del deber, infidelidad, violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, fraudes y exacciones ilegales, discriminación, asociaciones ilícitas, trampas, malos manejos, manejos dilatados, drogadicción o cualquier hecho que ponga o pueda poner en duda la imagen y la seriedad de su gobierno.
Creo que nuestro Presidente debe poner mano firme y exigir que se solucionen las quejas en contra de los "emanados", que tanto daño le están haciendo y que pueden influir negativamente en cualquier proyecto político que tenga en mente.
Es de más sabido que el dolor une los corazones de aquellos humildes panameños que sufren por haber sido engañados por los "emanados" y que los hijos de estos, que son testigos recipientes de los sacrificios y las luchas que enfrentaron y enfrentan sus padres para darles de comer y un lugar donde dormir, se solidarizan entre ellos y se unen en pequeños grupos de amigos que embutidos de los engaños, de las injusticias y corrupción; terminan convirtiéndose en peligrosas bandas, y si no, en unidades independientes de fácil contratación por parte delincuentes adultos que necesitan de manos ejecutoras que los exoneren de largas condenas.
Pero, en la mayoría de los casos, la corrupción, las injusticias, las mentiras, las burlas y la desatención de los "emanados", calcinan las células familiares y encausan a nuestra juventud por los únicos caminos que les quedan para subsistir o para vengarse de la sociedad; el robo, el homicidio, y el narcotráfico. Este último, con el tiempo, se convierte en una competencia por el control de un territorio y termina produciendo guerras entre bandas y hasta fuegos de exterminio llamó la prensa al fuego en Curundú.
El Presidente de la República debe promover cambios para que los cargos de alcaldes y representantes no sean de elección, sino de designación por parte del Órgano Ejecutivo, para que se pueda nombrar personas capaces de coordinar, controlar, administrar y reportar las actividades y la ejecución de los presupuestos, sin compromisos políticos y orientados al servicio público, con un alto sentido de justicia y no a politiqueros ignorantes que al tomar posesión, se dedican de inmediato a la tarea de procurar asegurarse la reelección o la postulación a un cargo de mayor jerarquía.
En las gobernaciones no debe nombrarse amiguitos ni amiguitas, mucho menos seudo políticos que carezcan de personalidad y que no sepan imponer su autoridad. En estos cargos debe nombrarse personas que ante todo hagan valer su autoridad a fin de que los alcaldes y los directores de las juntas comunales hagan lo que tienen que hacer y de forma expedita y dado el hecho de que los representantes y los alcaldes no serían cargos de elección, los gobernadores tendrían la potestad de destituirlos e, incluso, procesarlos si éstos no cumplen con sus deberes de forma justa y honesta.
Ya está probado científicamente que la administración piramidal es la más efectiva y la prueba está en las estructuras militares, pero cuando se trata de las células políticas satelitales, como es el caso de alcaldes y representantes, estos convierten sus pirámides independientes en feudos que les permiten corromperse, ya que se les protege porque lograron cierta cantidad de votos.
El autor es militar
