Las dificultades económicas se han convertido en una seria amenaza para el autoritario líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El dirigente populista, que llegó al poder en 1994, tuvo sus éxitos: gracias al crudo barato que le suministraba Rusia, su principal aliado, pudo asegurar la estabilidad socioeconómica del país. Con astucia campesina, utilizó su posición geoestratégica en Europa central para aprovechar la rivalidad entre Rusia y Occidente.
Pero la fórmula mágica del régimen se esfumó el 19 de diciembre, cuando las fuerzas antidisturbios apalearon a los manifestantes que salieron por decenas de miles a protestar por el fraude en los comicios presidenciales. Hubo centenares de detenciones.
De los nueve candidatos que desafiaban a Lukashenko, cinco han sido condenados a penas de entre seis y dos años de cárcel y, de ellos, tres permanecen en prisión. Un sexto candidato, encausado, ha huido. Valiantsin Stefánovic, del centro de derechos humanos Viasná, asegura que 31 personas están encarceladas aún a raíz de los sucesos de diciembre.
Bruselas, que incluyó a Bielorrusia en la Asociación Oriental, ha dado la espalda a Lukashenko y le ha impuesto sanciones. Cerca de 180 funcionarios bielorrusos, incluido el presidente, la jefa de la Comisión Electoral Central, y el ministro de Información han sido vetados en la UE. El lunes de la semana pasada, las sanciones se extendieron a tres empresas de allegados del Presidente, una de ellas relacionada con la venta de armas y otra con las loterías, que son controladas por Dmitri Lukashenko, uno de los tres hijos del líder. Otro hijo, Víctor, controla los servicios de seguridad y cuerpos armados.
Rusia aprovecha los apuros del bielorruso para tratar de adquirir los activos valiosos del país, como Beloruskali –una de las principales fábricas de abonos de potasio del mundo– o el 50% de la red de oleoductos de Beltransneft (la otra mitad pertenece ya a la rusa Gazprom).
Desoyendo los consejos de devaluar la moneda, Lukashenko se empeñó antes de las elecciones en que sus ciudadanos tuvieran sueldos equivalentes a 300 y hasta 500 dólares al mes, no sustentados por la economía real, dice Alexandr Alesin, del semanario Belorusii i Rinok.
Después, todo se precipitó. Los bielorrusos trataron de salvar sus conejitos (nombre popular de los rublos bielorrusos) comprando divisas y bienes de larga duración. Así se agotaron los dólares y los electrodomésticos. En mayo, el Banco Central tuvo que dejar devaluar la moneda en más de un 50%. El euro, que se cambiaba a 4 mil rublos bielorrusos en diciembre, se cotiza ahora oficialmente a 7 mil 220, y en el floreciente mercado negro, a más de 8 mil 500. El dólar se compra a 6 mil 500 rublos en el mercado negro.
Los bielorrusos no han superado el golpe. Los precios de los bienes de consumo se han disparado muy por encima de las magras compensaciones salariales decretadas por el régimen. “Se acabó plantar flores en la dacha [casa de campo]. Este año, solo hortalizas”, dice una jubilada.
Los ciudadanos están irritados. “Seguro que ese cartel es lo único que mantiene el precio antiguo”, comenta con sorna un cliente señalando un retrato de Lukashenko, expuesto en una papelería de Minsk. En los supermercados, habitualmente bien surtidos, las existencias se han reducido y se venden sobre todo productos nacionales. En las oficinas de cambio, no hay divisas y los pequeños empresarios cierran sus negocios, al no poder importar y al ser obligados a mantener precios por debajo de los costes, señala un analista.
Las reservas de oro y divisas de Bielorrusia han menguado un 28.6% desde enero y suponen unos 3 mil 590 millones de dólares; la deuda exterior supera los 31 mil millones de dólares, según Boris Zheliba. En un artículo en el periódico Naródnaya Volia, este economista calcula que para estabilizar la economía se necesitan entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares. Lukashenko los busca con desesperación. La semana pasada, la Comunidad Económica Euroasiática (grupo de países liderados por Rusia) transfirió a Minsk un primer tramo de 800 millones dólares de un crédito de 3 mil millones. El crédito está condicionado a exigencias de Moscú, tales como privatizar los bienes del Estado.
Pese a la violencia de diciembre, los bielorrusos parecen tener cada vez menos miedo. Cada miércoles desde hace tres semanas, grupos de jóvenes salen a la calle en silencio en diversas ciudades del país. Primero eran decenas, luego centenares y ahora ya son miles. Han sido convocados por redes sociales.
No gritan, no llevan pancartas ni banderas, ni representan partidos. Se limitan a pasear y a desconcertar con aplausos a las fuerzas de seguridad, que el pasado miércoles practicaron en Minsk detenciones a discreción. Además, los automovilistas se han manifestado contra el alza del precio de la gasolina y los comerciantes lo han hecho en la frontera con Polonia contra las restricciones exportadoras.
Lukashenko amenaza con cerrar las fronteras y de nuevo tienta a Occidente. Refiriéndose a los presos políticos, sugirió que podría liberarlos, si alguien se lo pide. Los problemas pueden exacerbarse en otoño, cuando mengüen los recursos de la población. Quienes ven con simpatía las protestas espontáneas de los jóvenes temen que puedan sumarse a ellas los obreros de las grandes fábricas.