En mi anterior columna mencioné la importancia de la rentabilidad, como un principio de la gestión pública justa y equitativa (#GPJE). Lo que necesitan hacer los administradores públicos es generar rentabilidad sostenible: no pueden contentarse con procesos que formalmente cumplen con la ley y en realidad generan enormes gastos innecesarios.
Tomando en cuenta esta premisa, me refiero al caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y, en particular, a la compra de medicamentos para más de 3 millones de beneficiarios.
En 2015-2016, varios factores llevaron al IGSS a la imposibilidad de cumplir con criterios básicos de la administración pública: compraba medicamentos e insumos médicos a precios mucho mayores que los del mercado. Una normativa y una organización inadecuada favorecían las peores prácticas; por ejemplo, el listado básico de medicamentos incluía alternativas terapéuticas menos eficaces y más caras que otras usadas en las Américas y Europa. Además, el sistema de compras estaba pulverizado: 124 unidades compraban cuando querían y de forma directa, alegando una supuesta emergencia por desabastecimiento. Los sobreprecios pagados eran de hasta 4000%.
Provocar subrepticiamente una situación de desabastecimiento es un método común para justificar compras a precios exorbitantes y beneficios ilegales. Para autorizar legalmente compras a esos precios, es suficiente que un juez complaciente ordene al servicio público comprar inmediatamente un medicamento porque alguien interpuso un recurso legal, basado en su falta de provisión. No importa si esa compra apurada es de hasta 30 veces más cara que el precio normal: hay una orden judicial y la persona que la incumpla irá preso. Ya nos imaginamos el temor de un funcionario que gana un modesto sueldo.
Es interesante como las compras sobrevaloradas, así como otras acciones corruptas, cumplen con la normativa y son perfectamente legales. No hay relación entre ética y legalidad: acciones planificadas e inmorales se dan acorde al marco jurídico –a menudo construido a propósito– y quedan impunes.
Fue bajo esas circunstancias que la Junta Directiva del IGSS que remplazó a la anterior, luego de que sus miembros fueron detenidos, recurrió a la UNOPS para que le apoyara a salir del laberinto donde se encontraba. No lograr comprar medicinas de manera regular significaba recurrir a la supuesta emergencia y ser cómplice del sistema corrupto. Era imposible comprar de manera regular, porque los funcionarios estaban atemorizados.
Los resultados son impresionantes. Se han comprado 423 millones de ítems para 118 establecimientos, ahorrando más del 55% sobre los precios pagados anteriormente por el IGSS por los mismos medicamentos; en muchos casos se han adquirido con las mismas marcas y proveedores, con ahorros a veces del 80%. Adquiriendo tan solo un tercio del total de medicamentos del Instituto, el ahorro es de 172 millones de dólares.
La participación del sector privado nacional ha sido fantástica para construir ciudadanía y legalidad. Al inicio hubo poca confianza: recuerdo una reunión con proveedores, donde la mayoría no quería participar porque “todo estaba arreglado”. Sin embargo, el sello de la ONU animó a más de uno: en el primer evento participaron 32 empresas, cuando anteriormente casi el 60% se lo repartían 3 proveedores. Dos años después, ¡los participantes son 62!
Esto es lo que ocurre cuando se genera confianza y un sistema virtuoso público-privado funciona bien, al servicio del interés público, generando beneficios para los usuarios, utilidades razonables para el sector privado y un poco de gloria para los administradores públicos, quienes hacen lo correcto. En corto: cuando prima la honestidad.
El autor es director regional de UNOPS para LAC. Contribución a título personal; no compromete a UNOPS y la ONU