Durante las últimas semanas, ha sido noticia el abuso cometido contra adolescentes y niños en los albergues a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que rehúsan los directores y las juntas directivas que han estado a cargo de la administración de los centros de acogida.
Es importante guardar la imagen del ciudadano consciente ante las faltas denunciadas; el animal político busca siempre un horizonte para sobrevivir.
Abiertas las puertas de los centros de acogida se han despertado interrogantes, el escándalo ha desbordado a la ciudadanía. Abusar de los niños exige sanciones y nombres las razones son obvias; no puede haber un espacio para proteger a los culpables.
La sociedad panameña está a la espera que el informe nos diga, alto y claro, todo lo encontrado. No se le puede guardar, con ayuda de la burocracia sistematizada.
La ley de los secretos no existe, la norma es igual para todos, incluidos los que se arropan con poderes políticos sociales.
Las intimidades de los albergues eran ya conocidas por el pater familias.
Nuestra conciencia social no puede poner a un lado el ultraje cometido contra los más débiles. A los niños no se les toca, no se les mancilla. La falta no puede ser ignorada.
El momento presente requiere de manera libre y productiva, inclinar la balanza en el sentido adecuado. La tarea es de todos. Como sociedad desarrollada, hay que pensar en todos los vulnerables.
El Estado gobierno es el padre, adoptivo, que debe proveer de becas a todos los niños de los albergues; obligatoriamente tienen que ser incluidos en todos los programas escolares. Ellos son los hijos preferidos de la nación.
Las leyes existen por necesidad, son la esperanza que se constituye para dar paso a los compromisos con la vida de los gobernados.
Reprobemos el abuso y el maltrato. Vivimos en democracia. Que el hilo conductor no quede suelto; en el tejido está entramado la verdad, el atentado contra la vida de los niños tiene nombre propio.
El gobierno está mal representado. Sus funcionarios evaden la justicia. El sistema no puede ser fragmentado para cuidar y proteger a los infractores.
La falta de transparencia es extender una sombra sobre los derechos humanos de los niños. Los gobernados exigimos justicia, que el fiel de balanza llegue a todos, por hacer el atentado contra los débiles.
Cierto es que la Senniaf es la responsable de administrar los albergues, no obstante, no hay que olvidar a los grupos cristianos, de diferentes creencias, que igualmente deben ser investigados. Teológicamente, han faltado al Señor, que es ternura y es amor. Su ejército de salvadores ha faltado a las ordenanzas.
Los cristianos oran o rezan en sus templos. La educación se forma en las aulas. El Estado debe garantizar a los pupilos de la nación, su formación, integral y productiva para el bienestar.
En consecuencia, reitero que todos los albergues deberán contar con programas complementarios a los procesos de aprendizaje. Es importante dar ayuda emocional a los abusados y a los maltratados; el dolor psicológico es difícil de olvidar.
Exijamos que el maltrato de niños y adolescentes no se reduzca a una mera situación transitoria, para que sea parte de los tantos silencios y secretos. Pensarlo es apagar la luz. Los cómplices son peligrosos. Reflexionemos todos.
La autora es docente de la Universidad de Panamá
