Ante las iniciativas de algunos grupos de presentar anteproyectos de ley para que se declare una moratoria al otorgamiento de concesiones de exploración minera, debemos iniciar nuestras consideraciones, explicando en qué consiste, qué beneficios deja al país y cuáles podrían ser las afectaciones de esta actividad.
La exploración minera no significa explotación minera. De hecho, de cada 100 aplicaciones de concesión, la historia nos demuestra que solo el 2% de las mismas llega a convertirse en objetivos potenciales y económicamente explotables; y no todas se llegan a desarrollar. Pero, ¿qué ocurre mientras tanto? Cuando la Dirección Nacional de Recursos Minerales, del Ministerio de Comercio e Industrias, aprueba una concesión de exploración a una persona, natural o jurídica, el proceso inicia con un reconocimiento superficial de la zona solicitada y otorgada en concesión (de exploración).
Supongamos que la extensión de la zona aprobada es de veinte mil hectáreas, lo primero que hay que aclarar es que esa zona no se va a convertir jamás en una mina de una magnitud de 20 mil hectáreas. Los geólogos comienzan realizando muestreos (tomar muestras de roca, suelos, sedimentos de ríos y quebradas, etc.); por ejemplo, en un período de seis meses, unas 20 mil muestras, las cuales, georeferneciadas y etiquetadas, se envían a un laboratorio de prestigio, para conocer los resultados.
En la mayoría de los casos, en esta primera etapa, los resultados no son alentadores y hasta allí llega la actividad en esa zona. Mientras tanto, se generaron múltiples puestos de trabajo, para los ayudantes de los geólogos (de 2 a 3 por ingeniero), se alquilaron vehículos y viviendas, se contrataron servicios de comida, limpieza, lavandería, etc.; además de la compra de equipos, herramientas y otros insumos necesarios en el proceso de exploración. Debe quedar claro que durante esta etapa de la exploración, no ocurre ningún tipo de proceso químico que pueda contaminar el entorno en la zona concesionada y sometida a estudio exclusivamente.
De darse el caso que los resultados sean buenos, ya que las muestras arrojaron presencia de algún mineral objetivo del estudio (oro, cobre, otros), se demarca la sub zona en la cual se tomaron las muestras con valores interesantes; puede ser que ahora estemos señalando una superficie de unas dos mil Has. (10% del área original). Seguido, se diseña lo que se llama una malla geoquímica, con el objeto de obtener muestras de suelo, a una profundidad de 30 a 40 centímetros. Esas muestras de suelo también están georeferenciadas y etiquetadas, y se toman cada 50 metros en línea recta, con líneas paralelas de 200 metros entre sí, formando entonces lo que desde el cielo se aprecia como una malla, de allí su nombre. Hasta ahora, sólo tenemos información de superficie en metros cuadrados.
Al igual que en la primera etapa, pueden obtenerse resultados que no sean de interés, terminando allí el proceso, o bien, puede ocurrir, como en la minoría de las concesiones (2%), que haya buenos resultados, entonces se pasa a la siguiente etapa, la de perforación. Para dar inicio, los geólogos elaboran un programa de perforación y se debe elaborar un estudio de impacto ambiental (por ley), ya que deberán cumplirse las normas ambientales del país. De ser aprobado, celosamente, se procede a obtener muestras de roca de diferentes profundidades. Estas rocas, en forma de núcleos (si a perforación es diamantina), se colocan en perfecto orden, en cajas construidas para seccionar según número de pozo, profundidad, etc. Estas muestras también se envían a análisis de laboratorio y puede ocurrir uno de los dos escenarios ya planteados en las etapas anteriores.
Si se obtienen buenos resultados, entonces podríamos hablar de un perfil geológico de la zona que ahora se ha reducido, de las 20 mil hectáreas. iniciales, a unas 400 de zona mineralizada (2% de la concesión inicial). Al tener datos de superficie por datos de profundidad, entonces, obtendremos el volumen del eventual cuerpo mineral descubierto, y, de llegarse algún día a explotar el proyecto, jamás sería del tamaño de la zona otorgada inicialmente en concesión.
Hasta ahora, no se ha generado ingreso para la empresa concesionaria, y la inversión puede andar por el orden de los cientos de miles de dólares a varios millones de dólares, todos invertidos en Panamá y su economía, beneficiando a la región donde se encuentre la concesión otorgada.
La exploración es una actividad completamente lícita, con carácter científico y muy especializado, que genera múltiples beneficios directos e indirectos al país y a las comunidades aledañas a la concesión.
Pretender que se legisle una moratoria a las concesiones de exploración es negarle el derecho al país de elaborar su inventario de recursos minerales; a las comunidades, la oportunidad de trabajo, aprendizaje de oficios distintos, nuevos y mejor remunerados para los jóvenes en las comunidades; y, a los especialistas panameños, el ejercicio de su profesión en buena lid y de manera responsable, demostrar que los múltiples mitos que se tejen alrededor de la actividad minera, son completamente infundados.
La exploración es similar a un examen médico, las personas se evalúan para conocer el estado de salud de su organismo; de igual forma, el estudio de la tierra permite saber y controlar, primero, la existencia o no de un depósito mineral y sus características y segundo, salvaguardar las normas ambientales que garantizan el mínimo impacto al entorno, durante las actividades a realizarse, sean de la industria minera o de cualquier otra.
Panamá es un país rico en recursos y los panameños tenemos el derecho de conocer, cuáles son y cuánto representarían para la economía y el producto interno bruto del país. Lo contrario sería la postura ignorantista (preferir no saber). Lo que sabemos es que existen 8 proyectos potenciales que podrían ser económicamente explotables, del total de más de 400 aplicaciones de concesiones de exploración que han existido en el registro minero panameño del MICI.
No es cierto que el 44 % del territorio de Panamá esté reservado para la minería, tampoco es cierto que haya o que vaya a haber minas de 20 mil hectáreas de tamaño, eso no es posible. Tampoco es cierto que la actividad minera es la principal deforestadora del país, por el contrario, mientras en el país la motosierra de la frontera agrícola, destruyó 2 millones 500 mil hectáreas de selva tropical, entre 1970 y 2014 (datos de MiAmbiente), las empresas mineras han recuperado miles de hectáreas que antes fueron deforestadas por la frontera agrícola y encabeza las estadísticas en materia de reforestación.
Son muchos los temas de tipo técnico, económico, ambiental y social, que estaremos desarrollando desde nuestra columna Juego Limpio, si así se nos permite en esta tribuna de la libertad de expresión y del conocimiento.
El autor es gerente general corporativo de VeraGold Mining Company
