La coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) de Uruguay abrió ayer una nueva instancia de debate en la búsqueda de una solución al tema de la ley de caducidad que perdonó los crímenes cometidos por militares y policías durante la última dictadura (1973-1985).
La Mesa Política del FA, máxima dirección ejecutiva, analiza desde ayer los pasos a dar, que incluyen el análisis de un proyecto de derogación presentado en marzo de 2010 por diputados del opositor Partido Nacional (PN). Esa iniciativa opositora toma en consideración fallos de la Suprema Corte de Justicia que ya declaró inconstitucional la ley en unos 20 recursos presentados por víctimas de la represión. Sostienen estos legisladores del PN que “si la norma es inconstitucional no hay dos alternativas. El único camino es derogarla y quien tiene la facultad para hacerlo es el Poder Legislativo”.
El expresidente, Tabaré Vázquez (2005-2010) propuso este fin de semana la creación de una comisión amplia, que conduzca a un “gran acuerdo político” para derogarla. En un acto partidario, realizado este domingo. Vázquez dijo que hay que quitarle dramatismo al tropiezo que tuvo la izquierda en el Congreso y sugirió buscar otros mecanismos que permitan un acuerdo.
La derogación de los actos administrativos de anteriores gobiernos, que archivaron denuncias, es otra de las posibilidades que se manejan. Entre 1985 y 2005, los gobiernos de Julio María Sanguinetti (1985-1990), Luis Alberto Lacalle (1990-1995), Sanguinetti (1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005) no canalizaron ninguna denuncia.
Durante el primer gobierno de la izquierda, encabezado por Vázquez desde 2005, se utilizó el artículo 4 de la ley de caducidad para habilitar investigaciones de robos de bebés, y operaciones ilegales de las que participaron civiles. Ello permitió el juzgamiento y encarcelamiento de una veintena de militares y policías que están presos en una cárcel especial, en los alrededores de Montevideo.
El vicepresidente y senador Danilo Astori criticó este fin de semana el manejo que el FA hizo del tema y comentó que la derogación de la ley debe complementarse con el desarchivo, mediante decreto, de los casos denunciados en períodos de gobierno anteriores.