Considero, como muchos panameños, que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela encontró el país en un gigantesco caos administrativo y financiero, lo que frenó la toma de decisiones en forma rápida. El Presidente debe ser felicitado por los nombramientos puntuales de la procuradora general, Kenia Porcell; del contralor general, Federico Humbert Arias; del procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, y del fiscal del Tribunal de Cuentas, Guido Rodríguez.
Además del acierto de estos nombramientos, se demanda designar, con urgencia, a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esa pronta selección es de vital importancia para una efectiva y eficaz administración de justicia, ante el desprestigio que pesa sobre el poder judicial panameño.
El presidente Varela ya le ofreció esos cargos a varios prominentes abogados que no aceptaron la oferta. Es improbable que un abogado, en la cúspide de su carrera, deje su práctica para ocupar el puesto de magistrado, cuyos honorarios son inferiores a lo que él gana en el ejercicio privado, además de que sería cuestionado de forma permanente.
Ante esta realidad, considero que es necesario que el presidente Varela apele al buen juicio de prestigiosos juristas con gran experiencia forense y reconocida honorabilidad, para que le hagan las recomendaciones de los candidatos más idóneos para ocupar tan importantes cargos. Sugiero al Dr. Carlos Bolívar Pedreshi, a la Lic. Esmeralda de Troitiño, al Dr. Edgardo Molino Mola y otros prominentes juristas, para que le presenten al Presidente y al país, los nombres de los profesionales más competentes, con el decoro que los puestos exigen, para ocupar los tres cargos de magistrados de la CSJ.
La crisis institucional creada por el gobierno anterior y el saqueo de los fondos públicos requiere que Panamá encamine sus mejores esfuerzos para garantizarle a la ciudadanía una administración pública con probidad y, sobre todo, una acción inmediata para llevar ante los tribunales a los responsables de esos delitos contra el patrimonio nacional. Confío en la decisión oportuna del presidente Varela de proceder, con urgencia notoria, a nombrar a los tres magistrados. En esta ocasión no se puede equivocar.
La sociedad panameña está pendiente de su selección y el pueblo reclamará cualquier desacierto suyo.