Leí en días pasados las declaraciones de los senadores Christopher Dodd y Richard Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Con lenguaje del peor de los colonialismos ambos manifiestan "preocupación" e "inquietud" por las incursiones comerciales que hace China Popular en América Latina y en Panamá, y llaman a formar una comisión que investigue "el impacto" para los Estados Unidos por esas incursiones. Los politólogos del PRD, los que nos dicen que debemos cambiar el discurso aduciendo que los tiempos han cambiado, debieran tomar notas del alcance de las declaraciones de los señores senadores. Quizás logren percibir que las cosas no han cambiado sustancialmente y que seguimos siendo considerados el "patio trasero".
Hay que recordar que una de las "sugerencias" principales del llamado Consenso de Washington se refiere al libre comercio como corolario de crecimiento económico, de libertad comercial y de garantía para la paz.
El consenso es un catecismo que plantea otras cosas más. Entre ellas destaco las privatizaciones de empresas públicas, reformas fiscales, liberalización financiera, apertura a las inversiones extranjeras y un largo etcétera. Es un catecismo que se debe observar al pie de letra para ser considerados, según esta doctrina, países libres de verdad.
Las naciones que no cumplieren cabalmente con esos requisitos son calificados de diversas formas; desde países de altos riesgos financieros, pasando por países que no califican para obtener fondos "para el desarrollo", hasta países que por no profesar las nuevas creencias y valores en boga -y por no estar alineados políticamente a Washington- son calificados de regímenes inamistosos, para culminar en los estados terroristas.
Pero insisto; el asunto del libre comercio es uno de los ejes principales que impulsó este foro del poder norteamericano, aunque pareciera que sólo fuera para ellos. Y no podía ser de otra manera; así como se considera la libertad humana como uno de los pilares fundamentales de la sociedad moderna, así mismo el concepto se aplica en otra dimensión a las naciones, materializándose con la doctrina de la libre determinación de los pueblos. Ese aporte de la Ilustración y de las revoluciones norteamericana y francesa, se convirtió en un postulado de acción que con el tiempo fue vilmente tergiversado y utilizado por las "civilizadas" naciones imperialistas europeas, para abrir a sangre y fuego los mercados de los países que después sufrieron los efectos aberrantes del colonialismo y el neocolonialismo.
Aunque a algunos les suene raro fue el espíritu anticolonial del pueblo norteamericano, expresado por los presidentes Woodrow Wilson y Franklyn Delano Roosvelt, que la Liga de Naciones -convertida después en las Naciones Unidas- coadyuvaron a que el concepto de autodeterminación de los pueblos quedará consagrado en la carta constitutiva de la ONU, para acabar con esa aberración.
Hoy, contradictoriamente a los mismos principios que dicen profesar, los políticos norteamericanos ejercitan, como en la época de las cañoneras, la disonancia entre la filosofía y la práctica: la disonancia entre el derecho, la libertad a la autodeterminación y la imposición grosera e intolerable de señalarnos cómo y con quién nuestros países deben realizar sus relaciones comerciales.
Panamá, un país principalmente de servicios, debe aprovechar sus ventajas comparativas y el Canal al máximo, para desarrollar y consolidar un modelo económico hacia fuera que aproveche la expansión del comercio internacional y así obtener riquezas que circulen hacia adentro y beneficie a la gran mayoría de los panameños. Ello sólo se logra supliendo las demandas de bienes y servicios de todas las naciones que puedan contribuir a ese objetivo, llámese los Estados Unidos o China Popular. Señalarnos que están preocupados por la presencia de China Popular en Panamá, además de un irrespeto a la libertad que tiene nuestra nación, contradice los mismos principios que dicen pregonar y, fundamentalmente, atenta contra el interés nacional.
Estos políticos de Washington no se atreverían ordenar a sus empresarios que dejen de invertir en China Popular ni que cesen la venta de millones de Coca Colas diarias en ese país; ni les preocupa que sus industrias reciban miles de millones de dólares por la fabricación de aviones de pasajeros y de carga pedidos por los chinos, pero sí tienen la desfachatez de cuestionar a nuestros países por las transacciones comerciales que realiza China en nuestro país y en la región latinoamericana. Quizás, haberle dado tantas concesiones en los últimos años, les haya llevado a pensar que pueden seguir dictando sus políticas a los gobiernos sumisos que toleran semejantes intromisiones.
Ese afán de tratar de imponer sus dictámenes a nuestros países, de decirnos lo que debemos hacer, al mismo tiempo que ellos hacen lo contrario, debe ser rechazado con energía por los actuales gobernantes, por ser intolerables a las mismas leyes del mercado que tanto dicen defender.
