Nuestro país, al igual que casi todos los países de América Latina y muchos otros de otras latitudes, no cuentan con una verdadera democracia. En realidad, tenemos un sistema autoritario con elecciones cada cinco años. Estas elecciones, además, están mediatizadas y organizadas tramposamente (Como el Código Electoral vigente, lo que busca cambiarse con las Reformas Electorales). Esta falta de democracia divorcia al ciudadano del gobierno, el cual no se siente obligado con este, si no con los intereses de sus propios miembros y financiadores.
La esencia de una democracia moderna es el control ciudadano sobre las instituciones públicas y no al revés. Esto se da por mecanismos de contrapesos internos (las instituciones de control del estado) y por contrapesos externos (mecanismos de participación directa y control ciudadano, como elecciones frecuentes, separadas por áreas, revocatorias de mandato, iniciativas legislativas ciudadanas, etc.). En Panamá sólo tenemos el voto cada cinco años y mediatizado. Las instituciones de control están cooptadas por el ejecutivo o el legislativo y no funcionan.
El sistema electoral tramposo, además, tiene varios niveles. El más grave es el de la trampa en la elección de diputados. Estos, por un lado, son electos en circuitos plurinominales, los cuales según la constitución debieran ser electos proporcionalmente. Sin embargo, los que hacen las leyes las han cambiado para que el sistema permita que un partido con voto minoritario controle la Asamblea. Así, mediante un sistema tramposo tenemos un poco de diputados electos por residuos que resultan del conteo varias veces del mismo voto. Esto se pretende acabar con la reforma electoral que han tratado de parar.
Esta ley, obviamente inconstitucional, fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia, gracias al pacto de protección cruzada con la que se maneja nuestro sistema constitucional.
Por otro lado, están los circuitos uninominales, verdaderas satrapías clientelares, en donde los diputados salen con minorías de voto, gracias al uso de los fondos públicos para mantener una clientela que les garantiza una votación que les asegura su reelección de manera constante. Son caciques que explotan la pobreza de su electorado.
Ambos sistemas son herencia de la reforma constitucional de 1983, en donde el consenso de elegir diputados provinciales y nacionales fue roto por los militares, PRD y Partido Panameñista en detrimento de la democracia para beneficiar a los partidos grandes.
Luego, tenemos un sistema de elección presidencial, amarrado a una elección de todos los puestos de elección nacionales y locales, lo que permite que se organicen mafias políticas electorales cuyo principal objeto es la unión para asaltar la cosa pública cual piñata de cumpleaños, en detrimento del país y de su futuro.
Aparte de este voto mediatizado, los ciudadanos no tenemos ningún otro mecanismo para controlar a los políticos. No podemos revocarle el mandato a los que ejercen en el poder central. Y, la revocatoria para los alcaldes y representantes, cuenta con el Tribunal Electoral para su protección, convirtiéndose este en defensor del estatus quo en contra del ejercicio democrático ciudadano.
Si queremos cambiar este estado de cosas, no sólo hay que apoyar la reforma electoral, asistiendo a todas las manifestaciones organizadas por la sociedad civil en favor de esta, sino que hay que cambiar la constitución para lograr el control ciudadano de las instituciones públicas, como debe ser en una República democrática.
El autor es abogado
