Nadie en su sano juicio podría disputar que el amor de la libertad nutre nuestras democracias occidentales y les da su energía superior, mientras que toda igualdad social y económica impuesta por el rasero nivelador del igualitarismo solo trae consigo dictaduras y una degeneración democrática. A la fuerza esa supuesta homogeneidad igualitaria únicamente produce un equilibrio inestable y empobrecedor en sociedades abiertas y libres como la nuestra.
Además, la “igualdad democrática”, como los caprichos de la multitud, no es el único criterio en Panamá para apreciar la legitimidad de las acciones humanas ni para asignarle dignidad a sus costumbres y expresiones culturales.
La paradoja es que sí existen “desigualdades” justas y minoritarias que como país nos enaltecen moral y culturalmente e “igualdades” legales y mayoritarias que solo nos conducen fatalmente a la mediocridad.
Esto sucede cuando las igualdades mayoritarias se reducen al individualismo anodino de las masas, sin que una verdadera independencia personal interior y la reciprocidad de sus influencias morales y culturales las motiven a mejorar como es debido en libertad.
Pero esta superioridad de los mejores no la predispone únicamente las regulaciones codificadas y legales de un país ni la inhibe la desventaja inicial de una persona al nacer. Se necesita la existencia de un ambiente providencial y armónico de valores morales y culturales que motiven a sus ciudadanos a poner de su parte ese esfuerzo meritorio de su voluntad para realizar plenamente su potencial humano y cultivar esa superioridad.
Por eso, cualquier sociedad que limite su idea de civilización y no desarrolle el ambiente natural para crear esa conjunción de actitudes morales y culturales necesarias para enriquecer y perfeccionarla espiritualmente solo lograría la perversión retórica de la palabra “cultura”.
Así como la superioridad moral es principalmente un motivo de deberes y obligaciones para realizar el bien común, sin ningún cálculo egoísta, también lo es el esfuerzo colectivo de los ciudadanos, cuando expresan las diversas formas externas de su cultura, definiendo así sus propios valores culturales y construyendo su particular estructura orgánica vinculante, todo esto en constante evolución.
¿Qué papel debe jugar un Estado democrático en el desarrollo y protección de una cultura nacional dentro de una sociedad heterogénea?
Cualquier intervención estatal en Panamá, máxime si toma la forma de una Ley de Cultura, sería más valorada y aceptada si esta diera mayor acceso y participación cultural a todos sus ciudadanos sin discriminación, dada las marcadas diferencias étnicas, generacionales, socioeconómicas y de clases sociales que nos tipifican como panameños, mejor aún si esa ley fuese guiada por un humanismo práctico que valore al individuo como un ser libre, auténtico y vital.
Serían funciones fuera del ámbito de un Ministerio de Cultura, por ejemplo, toda actividad económica como industrias culturales (artesanías, etc...) o de turismo, consecuencia de una concepción utilitaria y comercial de la cultura.
Lo justo sería minimizar la burocracia y la injerencia politiquera en MiCultura, promoviendo en vez la concurrencia de competencias entre los sectores públicos, privados y civiles en instituciones culturales (museos, teatros, conservatorios, iglesias, etc.,) solo reservando al Estado la titularidad de patrimonios monumentales, el fomento de la cultura y la defensa del patrimonio cultural.
El autor es ciudadano