En medio de los efectos de la crisis sanitaria mundial, con una actitud resiliente conmemoramos en esta fecha el 73º aniversario de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un legado de trascendencia histórica que ha marcado el rumbo hacia la paz y la convivencia humana tras una terrible conflagración que trastocó los cimientos de la humanidad.
En ese entonces, aterrados por la dolorosa experiencia que marcó la conciencia internacional en rechazo de la intolerancia racial de una contienda sin precedentes, la comunidad internacional coincidió en el razonamiento jurídico para fundamentar la creación de un sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos, con el objetivo supremo de preservar a las futuras generaciones de la guerra de destrucción masiva, tal como sentencia el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.
Las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores, registran que en abril de 1945 la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en San Francisco, recibió un anteproyecto panameño elaborado por el Dr. Ricardo J. Alfaro, consistente en un instrumento de 18 artículos breves redactados con claridad y precisión jurídica, consignando derechos esenciales por los cuales había luchado la humanidad durante siete siglos.
La propuesta del Dr. Alfaro, fue un aporte a la concertación de una Declaración Internacional de los Derechos del Hombre, que posteriormente con la Comisión de Derechos Humanos en 1946, bajo el impulso de Eleanor Roosevelt se aprueba la Declaración que consigna la libertad, la justicia y la paz principios que implican el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables, que con carácter universal dieron respaldo de autoridad al conjunto de las Naciones Unidas.
La Declaración se complementa en 1966 con la adopción de dos pactos: el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de Derechos Civiles y Políticos. Además de los cimientos preventivos que consignan el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional para sancionar los crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad.
En su vigencia histórica, la Declaración presenta retos abrumadores con la propagación de enfermedades, la emergencia alimentaria, la crisis financiera, la destrucción de la biodiversidad, que son rémoras al desarrollo social y económico de los países, al tener que distraer extraordinarios recursos no presupuestados para administrar crisis emergentes de salud, que han agravado las condiciones de pobreza.
Las lecciones aprendidas desde la proclamación de la Declaración, nos confirman que el cumplimiento de sus preceptos ha contribuido atenuar la desigualdad y la injusticia, a tal punto que siguen siendo invocados como un acuerdo de realizaciones de largo alcance en desarrollo de la humanidad. Es indudable la influencia de este legado de principios, que cambió la geografía política mundial cuando, normas básicas y su texto, ha servido de modelo para constituciones de países africanos, latinoamericanos, asiáticos e incluso europeos.
Es el momento para salvaguardar con solidaridad efectiva lo más noble del ser humano, que ha sido y seguirá siendo fuente de inspiración de los esfuerzos nacionales e internacionales frente a las migraciones, agravadas por la Pandemia. Fiel a la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se impone sin discriminación la vacunación masiva como acción solidaria para rescatar muchos países en África, como en nuestro entorno sudamericano y caribeño de los estragos de la Pandemia, que ha arrojado saldos mortales con efectos residuales en la lucha contra la pobreza, dejando grandes rezagos en la educación y en la salud.
La emergencia de salud pública mundial, se proyecta en una crisis humanitaria en el ámbito económico y social de grandes proporciones, por tanto, será menester invocar las normas que promuevan la convivencia y la solidaridad humana, recurriendo a mecanismos diplomáticos humanitarios que fortalezcan el equilibrio y la racionalidad negociadora, como en su momento inspiraron al multilateralismo preconizado por Wilson y Roosevelt con la creación de la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas.
Por consiguiente, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales es un compromiso con la dignidad y la justicia, lo que impone también el fortalecimiento de los derechos económicos y sociales, los que coadyuvarán a la resiliencia a largo plazo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una opción posible solidaria, inclusiva y sostenible que facilitarán la cooperación global para darle plena vigencia a los derechos humanos en una nueva era de esperanza.
El autor es consejero político de la embajada de Panamá en España
