Marcela Rojas de Pérez La celebración del 8 de marzo, día internacional de la mujer, es una oportunidad para reflexionar acerca de la situación de los derechos humanos de la mujer en el mundo. Si bien se reconoce que se han aprobado un conjunto de tratados y acuerdos que son la base para eliminar la discriminación y la disparidad sexual por motivo de género y la violación sistemática de los derechos humanos de la mujer, se debe ser consciente de que aún persisten brechas entre la existencia de estos derechos y la posibilidad de que sean disfrutados plenamente por la mujer y la niña.
Para acortar esta brecha se debe procurar que la mujer, en particular, tome conciencia de los derechos que le asisten y que esté dispuesta a hacer de estos derechos los principios éticos perdurables en el seno de la familia, la sociedad, su vida profesional y durante todo su ciclo vital. Reducir la discriminación y la disparidad sexual no solo debe ser una obligación de los Estados, sino un compromiso serio de todos los ciudadanos, en especial de la mujer, ya que debe comprometerse a cambiar su futuro. De lo contrario, las normas nacionales e internacionales que promueven el respeto de los derechos humanos de la mujer sólo serán letra muerta. Y, en consecuencia, la situación real de la mujer no sólo será alarmante, sino que la disparidad económica y social entre el hombre y la mujer será cada vez más profunda.
Si bien entendemos que la superación de las desigualdades por razones de sexo es lenta, es necesario que la mujer tome conciencia y busque los remedios necesarios para superar la discriminación, cambiar su situación y hacer valer sus derechos plenamente.
La educación cambia la vida de una mujer para siempre y es el camino más seguro para exigir el respeto de los derechos que le asisten como ser humano, y ha probado ser el pilar más eficaz para ayudar a los seres humanos, especialmente a la mujer, a comprender la vinculación entre sus derechos y otros aspectos de su vida. Además, ha facilitado una mejor comprensión de los derechos humanos, incluido el conocimiento de los mecanismos para reparar las violaciones de estos.
Se debe recordar que una mujer educada tiene las habilidades y la autoestima necesarias para hacer de ella una madre, una trabajadora y una mejor ciudadana. Toda inversión que realice la mujer en su educación y en la de sus hijas es hoy día una opción económica segura, ya que la educación influye en todo el ciclo de vida de una mujer y su familia como un poderoso instrumento para la protección jurídica contra la violencia, para el control de la reproducción, su capacidad para contraer matrimonio y de divorciarse, para la adopción de decisiones respecto a los bienes del hogar, mejores opciones de empleo, oportunidades de acceso al poder político, etc.
Se ha comprobado que la utilidades económicas derivadas de la inversión en la educación de la mujer son superiores a las que producen las inversiones en la educación de los varones, debido a que las mujeres educadas aprovechan sus conocimientos para superarse profesionalmente y ocupar aquellos espacios que le han sido negados por prejuicios y tradiciones nocivas. Además, una mujer educada invierte mayores recursos en la formación de sus hijos, particularmente en la de sus hijas. Por esa razón cada vez es mayor el número de mujeres que asisten a escuela, y otras que, aun en condiciones precarias, terminan el bachillerato e ingresan a centros superiores de educación en una proporción mayor que el hombre.
En lo que respecta a los derechos humanos, el acceso de la mujer a la educación le ha facilitado el uso adecuado del sistema judicial para ejercer sus derechos, en materia de familia (sucesión, matrimonio), laboral (igualdad de derechos y condiciones de trabajo, reconocimiento de la capacidad de la mujer, distribución de las tareas remuneradas), civil (acceso a la propiedad, patria potestad) y penal (derecho de denunciar a los agresores sin temor). Esto a nuestro juicio es importante, ya que se debe recordar que el disfrute de la igualdad de derechos de la mujer a menudo se ve obstaculizado por la existencia de procedimientos administrativos excesivamente complejos, por la falta de sensibilización de los órganos judiciales respecto a los derechos humanos de la mujer y la falta de una justicia expedita y de una respuesta justa a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos de todas las mujeres; por la representación insuficiente de la mujer en los organismos de administración de justicia, y la presencia de actitudes y prácticas nocivas en la sociedad que perpetúan la desigualdad de facto de la mujer.
El 8 de marzo debe ser un día de reflexión y de compromiso por parte de todas las mujeres para fomentar la toma de conciencia pública de los progresos realizados en el logro de disfrute igual de los derechos humanos y de encontrar nuevos recursos para fortalecer el largo camino que aún nos queda por recorrer para que nuestros derechos humanos sean reconocidos plenamente y respetados de hecho y de derecho por los ciudadanos, los gobiernos y la comunidad internacional.
