A escasos cinco meses de haber asumido el cargo, el alcalde del distrito capital genera fuertes críticas por sus desatinos y arbitrariedades, incluyendo el nombramiento de un desacreditado exrector como “asesor”, con un salario de 4 mil dólares mensuales (Telemetro, 8 de octubre). Algunos exigen su remoción, como el usuario de Twitter que comentó: “Si en Panamá hubiese revocatoria de mandato, ya se hubiese iniciado la recolección de firmas para botar al alcalde José Luis Fábrega. Clase de atraso para la capital” (Âļx Jâéņ, 2 de septiembre).
Un “operativo” llevado a cabo al poco tiempo de haber iniciado retrata de cuerpo entero la falta de sensatez y humanidad de la nueva administración. Los restos “no reclamados” de unas 560 personas fueron extraídos de los osarios municipales, colocados en bolsas plásticas y tirados como basura en fosas comunes. Allí, según el Municipio de Panamá, se les dio “cristiana sepultura” (La Prensa, 30 de agosto).
El municipio se disculpó, pero los desatinos han continuado, estimulados por la mal llamada “descentralización”, el enorme presupuesto municipal y la falta de juiciosa fiscalización. En un sistema republicano, los concejos (con c) tienen la función de vigilar la buena marcha de la administración municipal. Según un elemental principio republicano, para ejercer con probidad su función fiscalizadora, los concejales deben ser independientes de la alcaldía.
Pero en Panamá, gracias a la constitución impuesta por los militares, los concejales son representantes de corregimiento, a los cuales se asigna una porción del presupuesto que administra el alcalde, para que lo gasten a su antojo. El año entrante, cada representante recibirá la módica suma de 850 mil dólares (Panamá América, 7 de diciembre).
En una sociedad corrupta como la nuestra, semejante desarreglo institucional, en conjunto con la supuesta “descentralización”, obliga a la Contraloría General de la República a redoblar esfuerzos para frenar los atracos al erario que dirigen los alcaldes en complicidad con los concejales. Pero, como solo hay vigilancia para quienes le caen mal al contralor, el desorden y el relajo con los recursos municipales constituyen un abuso recurrente.
Para celebrar la Navidad se asignó un presupuesto de 3.8 millones de dólares, lo que cubrirá los costos de iluminaciones, desfiles y el “plato fuerte” de tamaño despilfarro: “una pista de patinaje en hielo, la más grande de la región y que será totalmente gratuita” (Mi Diario, 21 de noviembre). Invirtiendo semejante suma juiciosamente podría limpiarse la ciudad. Esa sería la mejor forma de conmemorar la Navidad en un distrito capital donde abundan la mugre y los desperdicios.
Para contribuir tan solo un poco al ordenamiento capitalino, en 2017 el municipio removió los puestos de buhonería de las aceras de Calidonia. Ahora, alegando razones “humanitarias” (¿clientelistas?), el alcalde acaba de entregar 250 permisos a buhoneros para instalarse en el área. Alega que son “temporales”, con vencimiento el 7 de enero de 2020 (TVN, 4 de diciembre).
El más descabellado proyecto de la alcaldía es la “recuperación” la playa de Bella Vista, al módico costo de 120 millones de dólares. El presupuesto municipal del año entrante contiene ya una partida de 30 millones de dólares para iniciar su ejecución (La Prensa, 8 de diciembre).
¿Quién realizó el estudio de impacto ambiental? ¿Cuándo se efectuaron las consultas ciudadanas? Ni siquiera hay un plan para acabar con las toneladas de desechos que, lanzados a los ríos del área metropolitana, mantienen contaminada la bahía. Ana Matilde Gómez, decana de Derecho en la Universidad Católica, cuestiona “la necesidad y utilidad de esa playa frente a tanto problema de basura, tanto problema de malnutrición, ausencia de parvularios, ausencia de centros gerontológicos para la atención de adultos mayores” (TVN, 4 de diciembre).
El mentado presupuesto (2020), que asciende a la asombrosa suma de 291.4 millones de dólares, incluye 1.2 millones para “servicios personales” del despacho del alcalde. Pregunta el Tal Cual de ayer: “¿por qué el alcalde requiere de más de un millón de dólares para disponer a discreción?” (La Prensa, 10 de diciembre).
La sociedad panameña merece funcionarios equilibrados, correctos y respetuosos. Se esperaba que, con Judy Meana de vicealcaldesa, la administración municipal tuviera, al menos, una dosis de cordura y don de gentes. Como no ha sido así, toca a los ciudadanos exigir rectificaciones.
El autor es politólogo e historiador y dirige la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá.