Deterioro democrático

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Deterioro democrático

A principios de marzo, Freedom House—una de las principales ONGs dedicadas a la promoción de la democracia y los derechos humanos—emitió su informe sobre libertad en el mundo (Freedom in the World) correspondiente a 2020. El documento clasifica a 210 Estados y territorios en tres categorías: las de países “libres”, “parcialmente libres” y “no libres”.

Panamá mantuvo su clasificación como estado “libre”, categoría en que ha estado catalogada desde 1994, aunque con el segundo puntaje más bajo en América Latina entre los seis países en esa clasificación, después de Uruguay (98/100), Chile (93/100), Costa Rica (91/100) y Argentina (84/100). Panamá obtuvo un puntaje de 83/100, por encima de Brasil (74/100), el cual se ubica casi en el umbral de los países “parcialmente libres” de la región.

De estos hay once, según Freedom House: Perú, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, El Salvador, México, Guatemala, Honduras y Haití. Las autocracias latinoamericanas se mantienen en la categoría de “no libres”: Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Freedom House rebajó un punto a Panamá en 2020, de los 84 obtenidos en 2018 y 2019. Entre los aspectos que produjeron la rebaja, la ONG comenta “una mayor opacidad en el gobierno, reflejada en el incumplimiento de las reglas de divulgación de datos sobre contrataciones y la renuencia a responder a solicitudes de información pública”.

Alude a repetidos señalamientos de corrupción y abusos de poder vinculados a la pandemia. Explica que “la pandemia—y el estado de emergencia asociado a ella—condujeron a una marcada disminución en la transparencia y los controles efectivos en los procesos de contratación”.

Para rematar, los funcionarios a cargo de atender solicitudes de información y garantizar transparencia actuaron con “pasividad” (por no decir “desidia” o “complicidad”).

Freedom House menciona los nexos entre el sistema político y el crimen organizado. Además, la ONG reporta quejas de abuso policial contra manifestantes y periodistas, así como la supresión de los derechos de reunión y movilización, incluyendo la limitación de salidas por sexo, una medida insólita impuesta con el supuesto propósito de enfrentar la pandemia, que causó significativas afectaciones a la población.

Comenta el uso de la vía judicial por parte de influyentes personajes para silenciar a los medios, poniendo como ejemplos los 16 procesos instaurados por el expresidente Martinelli contra periodistas y directores de los periódicos La Prensa y Mi Diario, así como el proceso incoado contra La Prensa por el exgobernante aficionado a los safaris, que permitió el secuestro de los activos del diario.

Se refiere al deterioro de la seguridad ciudadana—evidenciado por un aumento en el número de homicidios y el persistente maltrato intrafamiliar—tanto como a la pésima situación de los centros penitenciarios, penetrados por la violencia y el contrabando a gran escala. Según la estadística oficial citada, a finales de 2020, el 39% de los detenidos no había sido juzgado.

Los señalamientos de Freedom House son importantes, pero no retratan en su totalidad al sistema político panameño, cuya dimensión electoral, la más elemental de la democracia moderna, está seriamente comprometida.

Un desastroso sistema de elecciones, impuesto por la dictadura en 1978 y posteriormente reformado a imagen y semejanza de la partidocracia, garantiza que las votaciones populares no sean ni libres ni justas ni transparentes. Solo pueden acceder a un cargo de elección popular quienes tengan acceso a grandes sumas de dinero o estén matrimoniados con las cúpulas partidarias.

Son esos los factores que permiten comprar votos y llegar al poder en un medio electoral clientelista y corrupto. De otra manera, no se alcanzan posiciones públicas en Panamá.

Es muy difícil—si no imposible—que un verdadero independiente, no adscrito a la partidocracia, acceda a un cargo público. El régimen electoral lo impide, como también obstaculiza la participación ciudadana para beneficiar a la dirigencia partidaria, sobre todo, la del partido de los cuarteles.

¿Cómo puede explicarse, desde una óptica democrática, que un partido que obtuvo el 30% de los votos para diputados en toda la república acapare el 49% de las curules en la Asamblea Nacional? Semejante distorsión de la voluntad popular solo puede entenderse a partir de un sistema de votación hecho a la medida de la partidocracia corrupta, liderada por el PRD.

Con una fórmula de absoluta proporcionalidad—en vez de esa bazofia del cociente, medio cociente y residuo, expresamente mal calculado en circuitos impuestos por la dictadura—y con una única circunscripción nacional, al partido de la dictadura no le hubiesen tocado más de 21 escaños, a pesar de todas sus trampas, corruptelas y sinvergüencerías.

Otra de las dimensiones de la democracia que está absolutamente comprometida es el estado de derecho. La desigualdad ante la ley es una de las características más ofensivas del sistema político panameño.

Impera un régimen de fueros y privilegios, que determina que quienes tienen mayor capacidad económica o influencias pueden desviar las investigaciones en el Ministerio Público y comprar fallos en el órgano judicial.

Quien aún lo dude, que se pregunte dónde están la cabecilla de la vacunación clandestina en Coco del Mar y su madrina en el gabinete. Cómodamente instalada viendo Netflix, una y la otra, entrometiéndose chabacanamente en asuntos que no tiene capacidad para atender, mientras la mayoría de la población se desespera por la vacuna.

Tenemos una “democracia” en que el ejecutivo hace lo que le da la gana sin que la Asamblea o la Corte le pongan límites, en que las fuerzas militares adquieren cada vez más preponderancia y cometen cada vez más arbitrariedades, y en que la corrupción se pasea impunemente por todos los ámbitos del poder. Lo triste es que a medida que se afianzan esas características durante el peor gobierno de nuestra historia, va reduciéndose el contenido democrático de nuestro sistema político, allanando el camino hacia la autocracia.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

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