En agosto de 2003 otra consultora, igualmente controlada por activistas del PRD, criticaba el manejo de la deuda pública por el gobierno y vaticinaba que "si se mantiene la tendencia actual, para fines de 2003 la deuda pública llegaría a 8 mil 900 millones de dólares" (La Prensa, 12/08/03).
Afortunadamente, ninguno de los pronósticos de esos agoreros de la economía se materializó. Todo lo contrario: en el 2003 la economía creció en 4.1%, la industria de la construcción, incluido el segmento de viviendas, se disparó a niveles altísimos (28.6%), la deuda pública cerró en 8 mil 660 millones de dólares, y las calificadoras de riesgo mejoraron la calificación de Panamá de perspectiva negativa a estable. Como quiera que se trata de economistas cuya capacidad no pongo en duda, pienso que en sus apreciaciones pesaron más sus inclinaciones políticas que la responsabilidad profesional.
Lo lamentable es que esos mismos interlocutores vuelven a la carga ahora -en vísperas de las elecciones del 2 de mayo- enfocados hacia el tema de la deuda, alimentando a la opinión pública con tesis inventadas por ellos que les sirva de base a sus nuevos pronósticos. Alegan ahora que el actual gobierno ha llevado al país a niveles insostenibles de endeudamiento, algo que a todas luces es falso. Veamos por qué.
La deuda pública de Panamá adquirió niveles dramáticos no bajo este gobierno sino bajo la dictadura militar, apoyada políticamente por el PRD. Recordemos que en 1968, año del golpe militar, la deuda pública panameña ascendía a 206.6 millones de dólares. Al concluir los 21 años de dictadura, esta excedía los 6 mil 554 millones de dólares, lo que representaba el 86% del PIB.
La enorme deuda acumulada durante la dictadura se utilizó para financiar el presupuesto del Estado, los privilegios que concedieron los militares a grupos de presión, y para incursionar en empresas mal manejadas. Peor aún, buena parte de la deuda que hoy pagamos "se perdió" en el camino.
Esa irresponsabilidad de los militares y de su brazo político colocó las finanzas públicas en la precaria situación que hoy afrontamos. Recordemos los escándalos de la CSS y del Banco Nacional, que las llevó casi hasta el colapso. Debido a ello, los gobiernos del período democrático se han visto forzados a depender del financiamiento para poder atender, al menos en parte, la deuda social. Esa es la herencia que recibió la democracia de ese dilatado y escabroso período.
El actual gobierno ha sido sumamente responsable en su gestión de la deuda pública, logrando reducir gradualmente la relación deuda-producto interno bruto (PIB) de poco más del 71% en que la recibió en septiembre de 1999 a 67% en el 2003.
Consciente de la necesidad de resolver ese problema, el actual gobierno impulsó la Ley 20 de 7 de mayo de 2002, que dicta medidas de responsabilidad fiscal. Mediante esta ley, se impuso la meta de reducir la relación deuda pública total neta/PIB a 50% en 15 años. Cabe observar que la deuda pública total neta es la deuda total menos los recursos del Fondo Fiduciario y los instrumentos constituidos como garantía de deuda pública.
Cuando se aprobó la ley (2002), la relación deuda pública total neta/PIB era de 59.03%. Al concluir el 2003, esa relación se había reducido a 57.3%, lo que representó una baja de 1.77%, es decir 2.85 veces la meta anual fijada por la ley. De mantenerse esta tendencia, la meta de reducir la relación deuda/PIB a 50% se logrará en 4-5 años. Son, pues, totalmente equivocadas las tesis sostenidas por los agoreros de la economía cuando intentan convencer al país de que el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso está manejando la deuda de manera irresponsable.
