A la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios le corresponderá en el nuevo año la discusión del proyecto de ley que crea el nuevo Código Agrario en Panamá. Gestión que reclama trabajo, estudio y voluntad, y es que el objeto del derecho agrario, principalmente, es la producción; sin ella no existirían industrias, ni mercados de productos. Olvidarse de esto y orientarse exclusivamente hacia el mercado sería un error.
Debemos incluir en el debate la cuestión de la propiedad, la creación y fortalecimiento de empresas agrarias, mecanismos de contratación, disposiciones especiales para las actividades de cría de animales y cultivo de vegetales, sin olvidar los adelantos biotecnológicos, por lo que se deben crear normas jurídicas para regular el uso de organismos genéticamente modificados.
El crédito agrario no debe pasar desapercibido, al igual que las cooperativas agrarias con énfasis en la función social- ambiental de la propiedad agraria.
El debate debe considerar la existencia de grandes empresas multinacionales que imponen sus reglas mercantilistas, sin respetar las normas socio–laborales agrarias, debido a la globalización que produce la desaparición de los pequeños y medianos productores tradicionales, como consecuencia de la ausencia de una política estructural y de mercados que los haga competitivos en el mercado global.
Y es que la globalización, como expresión inglesa de la mundialización, representa una etapa más avanzada, por la entrada en escena de todos los recursos de producción y de información que inundan la tierra. De forma que el mercado se impone como referencia universal, basado en la libre competencia y disminuyendo el papel del Estado, por ende, de sus instituciones jurídicas.
Por tanto, consideramos oportuno recomendar que la discusión incluya los mercados, el ambiente, el desarrollo sostenible y, claro, la administración de justicia. El reto es grande, porque la temática mantiene conexión con la equidad, paz y justicia social, porque es uno de los instrumentos más importantes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Basta de predecir que los combustibles aumentarán y los alimentos, por ello, seguirán al alza. La labor de los diputados, debe buscar que la norma se adapte a los fenómenos del mundo actual, y que genere respuestas que acompañen las aspiraciones no solo de los que vivimos en el interior de la república, sino de la capital, tomando en cuenta que el problema de la seguridad alimentaria reclama una preparación seria, competente y solidaria.
